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Es muy difícil hablar de desarrollo económico sin que el factor inversiones sea el eje más dinamizador del crecimiento. Cuando estas existen se produce naturalmente el círculo virtuoso del crecimiento económico. Se activa la producción, se incrementa la oferta, se generan más fuentes de empleo, por lo tanto, crece la demanda, el mercado crece, también crece el ingreso de las personas, crece el consumo per cápita y se inicia el proceso de acumulación o ahorro.

El factor normativo se refiere al marco jurídico vigente en el país, nos referimos a leyes, decretos o cualquier tipo de normativa de carácter de política económica, administrativa o procedimental. Aquí se encuadran todas las leyes, como la de inversiones, exportaciones, régimen aduanero, acuerdos comerciales internacionales, aspectos tributarios, etc. Este aspecto es el que más se lleva en consideración cuando un inversionista nacional o extranjero decide apostar e invertir en una región o un país. 

Los inversionistas envían a sus equipos de abogados, economistas y contadores a diagnosticar, evaluar y analizar el alcance de la normativa legal antes de invertir un dólar. Además, considera como un hecho “sin discusión” que las normas analizadas son y deben ser de largo plazo, y que las mismas deben tener la característica de estabilidad y previsibilidad. 

El factor “seriedad de los gobernantes” es un aspecto que cualquier inversionista –nacional o extranjero- necesita evaluar. Los distintos gobiernos que administraron en décadas pasadas tuvieron dos prioridades en sus políticas económicas: la estabilización económica y la atracción de inversiones. Hoy la seriedad y la estabilidad jurídica son poco confiables. En vez de tener a un Estado que se preocupe por generar reglas de juego creíbles y de largo plazo, hoy tenemos a un Estado centralista, productor de bienes y servicios y como resultado se han detectado, denunciado y hasta enjuiciado a funcionarios estatales corruptos que, en casos como el Banco Unión, han sustraído recursos del público para beneficio vaya Dios saber de quién o de quiénes. 

A los inversionistas nacionales y extranjeros les interesa saber si los gobernantes respetan sus propias leyes, si existe seguridad jurídica para sus inversiones y quieren asegurarse de que las políticas populares o sociales (populistas) no se realizan con los recursos de sus empresas o de sus  inversiones. Por ejemplo, del doble aguinaldo.

Los “instintos animales” explicados seriamente por el Lord John Maynard Keynes en 1936, son señalizadores que indican dónde se debe invertir y dónde no. Hoy nuestro país debe ser el campeón mundial en inestabilidad jurídica y de irrespeto a las reglas de juego. 

El premio Nobel de Economía Douglas North (1993), en un análisis sobre los factores que deciden la riqueza y la pobreza de las naciones, estableció que hay tres causas principales que explican las diferencias: a) la calidad de las instituciones; b) los rasgos culturales y las creencias populares y c) el comportamiento del Gobierno. Estamos mal en los tres factores.

Si la calidad de las instituciones es muy baja, seguramente ese país será más pobre. En este caso, cuanto más abuso y violación de las leyes por parte de los gobernantes, las inversiones seguirán contrayéndose: la producción cayendo, el empleo bajando. Las instituciones, gremiales, empresariales y sindicales, deben asumir su rol de fiscalizar el comportamiento del Gobierno. Aún hay tiempo.