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El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, informó que la investigación sobre los vínculos con el narcotráfico del excomandante de la Policía Boliviana, Óscar Nina, requirieron cuatro años y advirtió la articulación de una derecha internacional que pretende manchar la imagen del país. 

"La detención preventiva de Nina, de su hijo y de otro uniformado y la detención domiciliaria de su esposa y su hija son el resultado de cuatro años de investigación que ha realizado el Gobierno. Investigación que se inició al general Nina y a su familia por la legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico", enfatizó la autoridad. 

Negó que las pesquisas tuviera relación con el reportaje de la cadena estadounidense Univisión que habla de un "estado fallido" o la realizada por la revista brasileña "Veja" que denota la existencia de un "narco Estado" en el país. 

"El objetivo político es buscar una intervención de Estados Unidos, ese es el objetivo político de quiénes quieren construir medianamente la figura de un narco Estado (...) Nuestras acciones no responden a eso, responden a una investigación abierta desarrollada a iniciativa del Gobierno", agregó Moldiz. 

Sostuvo que cuando Nina asumió la dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en 2009, no existía ninguna denuncia que lo vinculara con actividades ilícitas, mientras que cuando asume como Comandante General de la Polícia, en 2010, tampoco habían indicios. 

"Vino la denuncia realizada por los Navia, padre e hijo, que actualmente enfrentan un proceso también por narcotráfico. El Gobierno ha demostrado por nueve años que no le ha temblado la mano, que no ha dubitadoen iniciar proceso contra generales o coroneles, contra quienes existían denuncias probadas", argumentó el titular. 

Acusan a Sánchez Berazaín 

Moldiz afirmó que Douglas Farah, analista citado por Univisión, fue consultor de Estados Unidos y recibió financiamiento de Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia boliviana por delitos de genocidio. 

"Vemos un intento de echarle sombras a los logros del Gobierno, un intento de desgaste para desestabilizar a pesar de que fueron derrotados en las elecciones (...) No existe ninguna relación entre estos hechos delictivos y exautoridades de Estado, que no son ni pueden ser responsables de la comisión de delitos personales", concluyó.  ,