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El caso de los papeles de Panamá tuvo una nueva repercusión ayer con el registro de la sede de la UEFA por la Policía suiza, en tanto que las grandes potencias piden combatir los ‘paraísos fiscales’ y mantienen la presión sobre Panamá.

El premio nobel Mario Vargas Llosa y un hijo de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher se sumaron también a la lista de afectados por las revelaciones, que han destapado miles de empresas y activos opacos en todo el mundo.

Las revelaciones sobre las prácticas fiscales han levantado duras críticas de líderes occidentales, como el presidente estadounidense Barack Obama, que piden luchar contra la opacidad fiscal y financiera. Estados Unidos, aliado histórico de Panamá, fue propietario del canal hasta 1999.
La próxima semana en Washington, aprovechando la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial, los ministros de Finanzas de las principales economías mundiales van a abordar estas cuestiones en la reunión del G-20. En tanto, Francia decidió volver a poner a Panamá en la lista de paraísos fiscales y pidió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que conduzca la lucha para la optimización fiscal en todo el mundo.

"Ya sea en el G-20 o en la OCDE, Francia se va a asegurar de que la cooperación internacional sea fortalecida", prometió ayer el presidente francés, François Hollande.

Por el momento, la única víctima importante de las revelaciones es el primer ministro islandés, David Sigmundur Gunnlaugsson, que dimitió el martes. Su reemplazante, Sigurdur Johansson, convocó elecciones anticipadas para el otoño.

El último reducto
El secretario de la OCDE, Ángel Gurría, calificó a Panamá como "el último gran reducto" para ocultar fortunas ‘offshore’. Las autoridades panameñas respondieron a las críticas y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, advirtió que "existe una ley que establece medidas de retorsión contra países que incluyan a Panamá en listas grises" de blanqueo de capitales.

Defender el sistema
El Gobierno alega que Panamá puso en vigencia en enero una reforma legal para limitar el uso de acciones al portador de las sociedades locales y creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas. Panamá asegura que está dispuesto a compartir esa información bajo un modelo propio, bilateral y que garantice la confidencialidad de su centro bancario, que aporta un 7% al Producto Interno Bruto del país.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que su Gobierno defenderá "en todas las instancias posibles" su sistema financiero.
El despacho de abogados Mossack Fonseca está en el centro del escándalo después de que una fuente anónima lograra extraer millones de documentos y los compartiera con el diario alemán Sueddeutsche Zeitung.