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A nueve años desde que la Federación de Asociación de Municipalidades (FAM) pusiera en la mesa del debate la necesidad de aprobar un pacto fiscal, el tema reflotó durante el Séptimo Congreso Nacional.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla lanzó el desafío a los otros 338 alcaldes del país para definir la redistribución de los ingresos públicos y permitir que aquellos que tengan mejor ejecución puedan acceder a más ingresos. La propuesta fue secundada por varios munícipes.

El "pacto fiscal" se refiere precisamente a cambiar la redistribución impositiva, logrando una mayor descentralización, como exigen los departamentos y municipios.

"A todos nos faltan recursos para hacer lo que debemos hacer en torno a los planes del gobierno; hay que optimizar los recursos, pero uno de los desafíos es encarar con mucha seriedad y responsabilidad la discusión del pacto fiscal que fue planteado por la FAM hace más de nueve años", instó Revilla.

En criterio del alcalde de La Paz, la discusión del pacto fiscal no se limita a la distribución más adecuada de los recursos, sino también a la eficiencia de las autoridades municipales "de tal forma que podamos establecer como marco un escenario de discusión que no sea a quién le vamos a quitar recursos sino cómo optimizar mejor los recursos que tenemos los bolivianos" añadió.

El objetivo del pacto fiscal, según Revilla, debería ser el garantizar el acceso a los servicios básicos a todas y todos los bolivianos, pero también mayores recursos aquellos municipios que tengan mejores resultados de gestión municipal en términos de inversión pública.

La crisis económica de la alcaldía cochabambina

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, calificó de fundamental el diálogo por el pacto fiscal, considerando la anunciada disminución de 2.500 millones de dólares este año a las arcas fiscales por ingresos por hidrocarburos. En caso de Cochabamba, dijo, esto se traducirá en 42% menos de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Leyes calificó de "lamentable", el estado económico en el que se encuentra la entidad, que tiene una deuda pendiente de 29 millones de bolivianos, y una ejecución muy baja del 18%.

El alcalde de Tarija propone un "Estado razonable"


Por su parte, el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz dijo que el pacto fiscal forma parte de la construcción de un "Estado razonable", lo que significa tener una visión del pacto fiscal que tome en cuenta las perspectivas de cuáles son las locomotoras productivas del país, en función de inversiones y de dónde vendrán los recursos para invertir.

Paz dijo que es importante que el gobierno nacional se siente con otros actores regionales para discutir las inversiones millonarias en proyectos que sean considerados estratégicos. "Si vamos a convivir en autonomías, tenemos que dentro del debate del pacto fiscal, tener un espacio de decisiones conjuntas y no a voluntad de una, dos o tres personas", señaló