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Como un baldazo de agua fría, así recibió el personal del Searpi (Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí) el dictamen de la jueza de La Guardia, Fátima Rivero Fernández, de dejar en libertad a cinco personas acusadas de ‘avasallar’ y de causar destrozos en un predio de propiedad de esta repartición, ubicado en el municipio de El Torno.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía por la abogada del Searpi, Rita Marcela Apurani, el hecho ocurrió el viernes 28 de diciembre, cuando 10 personas ingresaron de forma ilegal al predio, conocido como Vivero Espejos, cuya extensión es de cinco hectáreas.

“Llegaron en una movilidad armados con machetes, hachas y otras armas punzocortantes, violentaron y rompieron los candados, entraron a las instalaciones y tomaron de rehenes a los funcionarios y a sus familias que se encontraban en el lugar, luego encadenaron las rejas de ingreso y echaron llave, manteniendo secuestrados a los funcionarios, incluyendo a un recién nacido. (...)Al amanecer del 29 de diciembre, ante el ruego de los padres del niño, se liberó a este y a su madre. En ese momento empezaron a patear y a romper las puertas de las instalaciones, prendieron fuego a todos los depósitos, oficinas, salas de capacitación y vivienda de los funcionarios con todos los muebles, enseres, herramientas e insumos. Otros funcionarios reciben la llamada de auxilio, la señora Corina Villarroel se apersona a la Policía y logra el auxilio para que se aprehenda infraganti en el lugar de los hechos a Ángel Ferrel Gonzales, Lorenzo Ferrel Gonzales, Dudaved Pinto Soto, Leonard Chauque Ferrel y Édgar Mamani Gonzales, dándose a la fuga los demás avasalladores”, dice parte de la denuncia.

Los cinco detenidos fueron acusados por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa, daño calificado, destrucción y deterioro de bienes del Estado, incendio, entre otros.

De acuerdo con la denuncia, en los depósitos se encontraban carretillas, equipos, herramientas menores, sistema de bombeo y riego, materiales que se utilizan para el mantenimiento de los plantines forestales y, entre otros, documentos con información hidrometeorológica (mediciones y datos sobre el comportamiento del río) desde 1986.

“Los daños ascienden a los Bs 100.000”, afirmó el director del Searpi, Luis Aguilera, quien aún no sale del asombro por la decisión de la jueza de liberar a los cinco imputados, pese a los testimonios y pruebas presentadas durante la audiencia cautelar llevada a cabo el lunes en el juzgado de La Guardia, donde recayó el caso por las vacaciones judiciales.

“Llama la atención que la jueza no haya considerado el daño económico al Estado que se ha dado en una propiedad pública. Esta propiedad es del Searpi, fue una donación de la Comunidad Europea y las inversiones que se han hecho han sido con dinero del Tesoro General de la Nación”, manifestó Aguilera.

La abogada del Searpi no descarta apelar la decisión de la jueza, incluso formalizar una denuncia contra la juzgadora por presunto prevaricato, pues considera que no hizo una valoración adecuada de las pruebas ni de los testimonios que brindaron los funcionarios, bomberos y pobladores de la zona que atestiguaron el hecho.

Versiones

En sus descargos, los acusados negaron ser ‘avasalladores’ y aseguraron que estaban haciendo un churrasco en la parte de atrás del predio, en su propiedad, y que luego escucharon una explosión (de una garrafa), por lo que fueron a ver qué sucedía.

Para la abogada Apurani, los acusados brindaron declaraciones contradictorias, pues también indicaron que estaban cocinando atrás de las instalaciones del depósito del Searpi cuando escucharon la explosión. “Existen todos los indicios de probabilidad de que son los autores del hecho. No fue explosión por garrafa o algún líquido. Tenemos las mochilas de ellos, así como las herramientas, hachas y machetes que utilizaron. Fue con dolo e intencional”, remarcó la jurista, que ha solicitado, mediante requerimiento fiscal, que el policía asignado al caso haga una inspección del lugar y recolecte más pruebas. Ayer, Armando Barrios, casero del predio corroboró lo dicho ante la Policía y la Fiscalía sobre lo ocurrido, incluso indicó que existe el temor de una nueva arremetida de estos sujetos, pues tienen antecedentes por otros casos de avasallamiento.

Jueza

EL DEBER no pudo conseguir la versión de la jueza Rivero; sin embargo, durante la audiencia cautelar argumentó de que no existían los indicios suficientes para sostener que los acusados eran los autores del hecho. En tal sentido, ordenó la libertad irrestricta para los cinco acusados.