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Corría la década de los años 80 y, con bombos y platillos, como se estila folclóricamente en el país, la Prefectura de Santa Cruz inauguraba la nueva cárcel cruceña, que estaba llamada a convertirse en  la solución a las incomodidades y limitaciones que presentaba el vetusto recinto ubicado en la final de la calle Libertad, que cobijaba alrededor de unos 500 reclusos. 

A todas luces se veía que aquella infraestructura, constituida por cuatro galpones y una barda que no sobrepasaba el metro y medio de altura, no reunía las condiciones mínimas de seguridad y todo hacía suponer que era producto de un ‘negociado’, algo típico y común del accionar de los políticos de turno y que fue demostrado al poco tiempo de funcionamiento cuando fue ‘bautizada’ con la fuga de más de 20 presos, rumbo que sería la constante en todo su escabroso devenir.

Así comienza la triste y célebre historia de una cárcel atípica, de nombre rimbombante y muy ambicioso, que de centro de rehabilitación solo tiene la pretensión y que, con el transcurso de los años, se ha convertido en la más insegura y peligrosa del país, debido a que ha tenido un aumento explosivo y hoy alberga a una superpoblación penitenciaria de más de 6.000 internos. Esto hace que vivan hacinados y sin ocupación, que parasiten todo el día y que se fagociten entre ellos para costear sus vicios y su sobrevivencia a través del cobro de extorsiones y otros latrocinios, como los seguros de vida, derechos de piso, alquileres y anticresis de viviendas, que son comandadas por mafias rearticuladas, conocidas como las famosas ‘pesadas’, que ostentan el poder y el dominio pleno de estos predios.

Era predecible que este claustro, cuyas mejoras se realizaron con el peculio de los presos, con el pasar del tiempo se convirtiera en una especie de ‘caja de Pandora’, porque a la par del progreso y desarrollo de la capital llanera, la delincuencia no se quedó atrás y emergió como una de las fuentes de mayor inseguridad ciudadana donde se planifica la mayoría de los delitos que azotan a nuestra comunidad y que han  arrastrado con sus males a la mayoría de las instituciones del Estado que conforman ‘el sistema penal’.

Hecatombe
¿Por qué ha ocurrido esta hecatombe? Las medidas que se han aplicado hasta ahora son simples parches mediáticos, acciones de emergencia que no solucionan los problemas de fondo y que solo están dirigidas a tratar  de evitar la pugna por el poder y las guerras entre los internos ante las brutales inconductas  que se tornan recurrentes y permanecen latentes, esperando el momento adecuado para rebrotar con mayor violencia.

Por todos estos antecedentes, el Estado debe invertir en un régimen penitenciario que cumpla el objetivo fundamental de la pena: la enmienda de la conducta de los privados de libertad, creando las condiciones adecuadas para lograr la añorada reinserción social.  

Para lograr esta finalidad, el Estado debe virar con voluntad política hacia la observancia de los derechos humanos, con los que nacemos, y los derechos fundamentales, que otorgan las leyes y que son complementarios. Sin embargo, lamentablemente, el Estado boliviano ha demostrado que esta problemática no es prioritaria y, por lo tanto, no cumple con esos deberes, lo que ha traído como lógica consecuencia que el régimen penitenciario sea figurativo, con leyes copiadas de otros países, inaplicables a una  realidad nacional que es cada día más deplorable y angustiosa. 

No obstante, estas anomalías  deben generar una disrupción o interrupción brusca que permita toda una reforma en Palmasola, tomando en consideración  una infraestructura nueva, adecuada, acorde con una moderna arquitectura penitenciaria, con  servicios sicosociales, médicos, legales, religiosos y educativos. Además, es fundamental aplicar programas de terapias ocupacionales, reglamentos administrativos, crear instituciones con personal multidisciplinario especializado en el trato y la readaptación del reo mediante programas personalizados. En la actualidad se elaboran perfiles delictivos mediante la ciencia de la criminología que incluyen el trabajo y la disciplina como herramientas obligatorias para la rehabilitación del condenado, desechando la teoría de que las cárceles son sistemas muy costosos para convertir gente mala en gente peor y de que la recuperación del infractor a la ley es una utopía.

Estos cambios profundos, para que tengan éxito, deben  estar acompañados también de normas realistas, con un Órgano Judicial que acompañe las nuevas propuestas, que se pongan en práctica las  garantías procesales, que no abusen de la detención preventiva que ha degenerado en una regla y no en una excepción como norman las leyes; que haya agilidad e imparcialidad en la sustanciación de los procesos penales para evitar la retardación de justicia, que es la megacausa del hacinamiento en las cárceles, donde aproximadamente el 80% de los privados de libertad no tienen sentencia.

En cuanto a las funciones policiales, estas se deben restringir a la seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios, evitando las fugas y controlando los conatos de motín o revueltas. El estereotipo mundial es que el policía es el enemigo natural del reo; partiendo de esa perspectiva, no debe existir ningún tipo de vínculo entre los nombrados y esta situación se evita utilizando tecnología moderna, como rayos X, detector de metales y cámaras de vigilancia que permitan visualizar las anormalidades que se puedan tramar. 

Continuar en las mismas condiciones de ahora no reducirá los índices delincuenciales ni el número de víctimas. Sería estúpido seguir haciendo lo mismo, porque los resultados no cambiarían y la indignación social aumenta ante los alarmantes hechos de sangre y violencia  que ocurren en este centro penitenciario de Santa Cruz.  

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