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Dos de los tres componentes que definirán la vida social y política boliviana en 2018 se cumplieron. Ambos, en márgenes esperados.

Nadie suponía, y no creo exagerar, que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección indefinida del presidente Morales, se produciría antes de las elecciones para conformar las instancias del Órgano Judicial. El exceso de confianza en su propia fuerza generó un acto de temeridad, y el Gobierno debió enfrentarse a una reacción militante, especialmente de jóvenes que mostraron su disconformidad en las calles. Creo que esta torpeza terminó con la indecisión de muchos.

Las elecciones del 3 de diciembre, luego de un sinceramiento en el que, aquí sí, todos compartíamos repudio por una justicia que no lo es, no logró el grado de legitimidad que buscaba el Gobierno para sus seleccionados al ganar nuevamente el voto nulo. La cumbre por la justicia había reconocido hace unos años, por esta certeza que la solución había resultado peor que el problema sumándose a la lacra tradicional de una justicia ímproba, el carácter de tener sobre sí la escuálida soberanía popular que les concede mayor impunidad.

El tercer componente es el pacto fiscal. Luego de año y medio de reuniones, talleres, encuentros, discursos, declaraciones y paciencia en reuniones de sospechoso resultado, estamos por conocer la llegada del momento esperado, la propuesta gubernamental. Llegó la hora de ‘los quiubos’, como diría Cantinflas.

Y tendrá que hacerse pública en un momento altamente sensible. Junto con la polémica redacción del artículo 205 del Código Penal, las principales protestas giran en torno a las condiciones en las cuales los médicos, en los hospitales, deben cumplir sus labores cotidianas. Falta de condiciones materiales no atribuibles a los médicos y ausencia de personal suficiente, responsabilidades ambas del Gobierno central, están quedando en evidencia en un debate que para el común de los mortales resulta hasta cruel y desubicado cuando lo que se quiere es, simplemente, salud. Es evidente también que esta situación tiene su origen en la disminución de recursos de libre disponibilidad del Gobierno y una discutible prioridad en el gasto, 9 millones nuevos para el palacio presidencial.

El pacto fiscal es, en esencia, un acto de sinceramiento con la realidad. Se discuten competencias, condiciones de ejercicio, responsabilidades y recursos para ejecutarlas. Por eso se repite que el presupuesto es el cementerio de los discursos y de los buenos propósitos. En Bolivia hemos aprendido desde la Participación Popular que aquello que no está en una partida presupuestaria, no existe.
Están claros los niveles territoriales del Estado, están identificadas las competencias territoriales y las MAE (Máxima Autoridad Administrativa), están claras las necesidades de la población, están claros cuáles son los centros hospitalarios en sus diferentes niveles… sin embargo, algo no funciona. El pacto fiscal tendría que servir para poner en orden los recursos con los que se ejecutarán las leyes.
Tiene la palabra el Gobierno central.