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La Policía ha iniciado el cobro de multas a personas que contraten el servicio de prostitución, informó la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

Según la delegada, esta medida permitirá avanzar en la lucha contra la prostitución. La norma penaliza "solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial".

La sanción, que oscila entre los 600 y 30.000 euros, deriva de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza que entró recientemente en vigor.

Alcance de la norma

La penalización no se aplicará a toda la ciudad de Madrid, sino a la zona del polígono Marconi, la Casa de Campo y la calle Montera.

Estos lugares son frecuentados por menores de edad al tener cerca varios colegios, parques infantiles y centros culturales. 

«Los vecinos tiene razón de quejarse porque llevan muchos años sufriendo un entorno muy poco favorable a la educación de sus hijos», ha manifestado. La delegada ha señalado que han solicitado la colaboración de la Policía municipal, junto con la Policía nacional, para «denunciar a los clientes que estén en los lugares que la ley lo prohíbe».

Similitud en Suecia

Lo aprobado en algunas zonas de Madrid ya tiene un precedente y sus resultados han sido positivos: en 1999, luego de años de investigación y estudios, en Suecia entró en vigor una ley que, por un lado, penaliza la compra de servicios sexuales y, por el otro, despenaliza la venta de dichos servicios.

La novedosa lógica de esta legislación logró que, desde su implementación hasta el 2014, en Estocolmo, capital del país, las trabajadoras del sexo han sido reducidas en dos tercios, y los clientes mermaron en un 80%.