Escucha esta nota aquí

Con nombre y apellido, así se refirió el vicepresidente Álvaro García Linera a cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que acusó de mentir y hacer política partidaria; del mismo modo dijo que el Gobierno no dará publicidad a los medios de comunicación que hagan actividad del mismo tipo y deslindó responsabilidades en la salida de periodistas y conductores de algunos programas de televisión y de radio.

“Y lo decimos abiertamente, hay medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria, entonces ¿para qué darle a Doria Medina si ya le sobra la plata? ¿No le parece algo ilógico dar plata a Doria Medina? Hay medios que hacen política, que son partidos políticos, o cuasi, o parapartidos y, por supuesto, que a algunos medios no vamos a dar recursos porque son parapartidos políticos y encima mienten”, dijo el vicepresidente en conferencia de prensa.
De igual modo reiteró la crítica contra las ONG que, según el Gobierno, responden a intereses de empresas multinacionales.

“Detrás de una ONG están las grandes empresas extranjeras de automóviles, de petróleo, de gas, de biotecnología que financian a estas ONG y están gobiernos del norte (América) que financian estas ONG. Financien en su país, no tienen por qué venir a entrometerse a nuestro país, nuestra relación con los gobiernos extranjeros y empresas extranjeras es muy clara, servicios en función de nuestra política, utilidad en función de la política de Estado, pero no este tipo de acción política encubierta”.

Los aludidos
Las organizaciones que fueron mencionadas por el vicepresidente expresaron su posición. El director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarilla, afirmó que esta institución tiene una trayectoria de 30 años en el país.
“Denunciamos que las declaraciones del vicepresidente representan un atentado contra nuestros derechos civiles reconocidos por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

Denunciamos, además, que la amenaza de expulsión del país a quienes ejerzan sus derechos, sobrepasan las atribuciones de su investidura y no se encuentran contempladas en el ordenamiento jurídico de ningún Estado democrático”, refiere un comunicado público.

Desde la Fundación Tierra, su director, Gonzalo Colque, detalló que son 30 funcionarios que expresan su preocupación aunque no se sienten aludidos por el segundo mandatario.

“El vicepresidente no está informado al señalar que Miguel Urioste dirige o manipula la institución, el director ejecutivo es mi persona desde 2009, por tanto eso merece una aclaración;?la alusión personal a que Urioste está relacionado con el hecho de que sería ex ministro de (Gonzalo) Sánchez de Lozada, por lo que sé, fue parte del gabinete de (Hernán) Siles Suazo, pero a partir de ahí no hubo otra participación, entonces son imprecisiones que afectan a la imagen institucional y lo correcto es aclarar”, afirmó el ejecutivo.

Javier Gómez, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), afirmó que el Gobierno tiene todo el derecho de promover las políticas públicas que implementa en el país y que esta institución tiene el derecho de revelar los resultados de esas políticas públicas.

“Es una acción antidemocrática que viola los derechos, estamos protegidos, somos una entidad privada, tenemos libertad de asociación, tenemos derecho a la libre expresión; no hemos violado ninguna ley. Para el Gobierno y todos los gobiernos, se quiere matar al mensajero cuando no se puede tapar al realidad”, refirió el ejecutivo de la ONG.
EL DEBER intentó comunicarse con todas las entidades que mencionó el vicepresidente, sin embargo, el director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, no contestó su teléfono pese a los reiterados intentos. García Linera, acusó a esta entidad de ser “gonista” en alusión al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los medios y periodistas
El vicepresidente también acusó a algunos medios de comunicación de emitir información falsa y manipulada; asimismo, deslindó responsabilidad en la salida o despido de los conductores o periodistas en esos medios. Dijo que desde un principio ellos identificaron a los medios que difundían información tergiversada de los hechos.

La periodista Amalia Pando retornó brevemente a los micrófonos de radio Erbol, aprovechó su tiempo para lanzar duras críticas al Gobierno. “No podemos cambiarle el pensamiento. El presidente piensa que uno lo critica por enemigo. Él nos considera enemigos y en consecuencia actúa y entonces dice: ‘cierren esa radio’. Eso, señor presidente, no es democrático, eso tiene un filo dictatorial, no le gusta verse en el espejo político que nosotros se lo ponemos.

Es tal el odio, eso es lo que lo motiva al presidente, que hasta los reporteros de base, sin gran experiencia son zarandeados, a nuestro director le dijo facho hace poco en Cobija. Eso puede decir el jefe de Estado, pero nosotros no tenemos el derecho de decir nada, tiene que respetar a los ciudadanos que viven en este país, somos pensantes, y, en consecuencia, tenemos el derecho a opinar no solo usted lo tiene”, dijo la comunicadora.

El director de Erbol, Augusto Peña, dijo respetar la decisión de Pando de cerrar este ciclo en la institución. “Consideramos que su aporte fue muy importante y auguramos éxito en sus futuras actividades. El directorio dará a conocer su posición en los próximos días”, afirmó.
En la Agencia de Noticias Fides (ANF), su director, Rafael Archondo, no contestó el celular pese a la insistencia