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La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo autorizó el desembolso de al menos Bs 53,1 millones para 66 proyectos productivos de los recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena), a través de cuatro resoluciones ministeriales firmadas solo por esta autoridad entre los años 2010 y 2012.

Según documentos a los que tuvo acceso EL DEBER, otros 31 proyectos también están autorizados por la máxima autoridad ejecutiva del ministerio, pero dos resoluciones no tienen montos específicos.
En las resoluciones ministeriales (RM) 272, 332, 407, 903, 964 y 289, Achacollo aparece como firmante, avalando los procesos ordinarios de desembolso.

El artículo 9 del Reglamento de Transferencias público-privadas para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo, desarrollo social y fortalecimiento a las organizaciones del fondo, establece solicitar al ministerio la emisión de la “resolución expresa de autorización”, de la transferencia de los recursos económicos.

Con las resoluciones ministeriales 272 y 332 firmadas el año 2010, se aprueban 31 proyectos sin ningún monto específico. Pero la RM 407 aprueba 8 proyectos por Bs 2.836.197,9 donde se lee que la ministra de Desarrollo Rural, en aplicación a las facultades conferidas por el DS 29894 (Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo) y el Presupuesto General del Estado, resuelve “autorizar las transferencias público privadas solicitadas por el fondo”.

La misma redacción está en la RM 903, que aprueba 10 proyectos por Bs 9.052.669,79; la RM 964 aprueba 29 proyectos por Bs 24.206.167,53; y la RM 289 aprueba 19 proyectos por un monto de Bs 17.040.743,88.
Según el exdirector del Fondo Indígena Marco?Antonio Aramayo los proyectos no llegaban al Ministerio de Economía sin la aprobación de De-sarrollo Rural.

Por el momento, se desconoce si el total de los recursos autorizados para su transferencia se han desembolsado y en qué situación se encuentran las obras financiadas. La interventora del?Fondo Indígena, Larissa Fuentes, anunció que tendrá información disponible de su intervención en dos semanas.

Proceso fiscal
En diciembre pasado, la Contraloría General del Estado presentó un informe con el que la Fiscalía abrió una investigación por otros 153 proyectos donde se sospecha de un daño al Estado de Bs 71 millones.

La denuncia apunta a los tres directores ejecutivos: Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo y Daniel Zapata.

Parra fue enviada a detención preventiva la anterior semana, acusada de presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Aramayo tiene detención domiciliaria y a Zapata no se lo encuentra.

Efectivamente, los convenios de financiamiento eran firmados por los directores ejecutivos pero, además, están las rúbricas del representante legal, del responsable de la Comisión de Administración y de la Comisión de Ejecución. Todos los convenios pasaban indefectiblemente por el departamento legal del ministerio.

La Fiscalía aún no tiene nueva lista de convocados de otros ciudadanos, en el avance de las investigaciones del Ministerio Público y evalúa si es pertinente convocar a la ministra, cabeza de sector.

Responsabilidades
“Por encima de Elvira Parra, hay un directorio compuesto por 8 representantes de organizaciones sociales y la presidenta es la ministra Achacollo. Por cuestión del organigrama, le correspondía a la máxima autoridad, previa evaluación y valoración de informes, proceder a los desembolsos que iban de manera directa a los beneficiarios, señaló el abogado de Parra, Alejandro Nogales.

A su vez, el diputado de Unidad Demócrata (UD) y ex dirigente indígena, Rafael Quispe, manifestó que los directores ejecutivos y jefes de unidades deben ser investigados, pero especialmente la ministra Achacollo, ya que funge como presidenta del directorio que junto a las organizaciones sociales “debían pedir informe cada año, pero esto no se cumplió, por lo que incumplieron con sus deberes”.

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, precisó que aún se aplica el procedimiento administrativo de acción inmediata dentro del Fondo. Situación que develará si se dio un inadecuado manejo de recursos públicos. “Si hubiera, van a ser puestos a conocimiento y consideración de autoridades judiciales, para que asuman responsabilidades de ley”, advirtió.

Millonaria rendición
Los indígenas de tierras altas y bajas han pedido al Gobierno, rendir cuentas del destino de más de Bs 4.000 millones ($us 580,6 millones). Este monto sale del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al Fondo Indígena y que ha recibido desde el año 2005, fecha en que se instituyó y se creó la entidad.

De acuerdo con el documento al que se tuvo acceso, solo se habrían entregado Bs 614 millones para proyectos productivos; es decir, se utilizó solo un 15,2% del total de los recursos que fueron destinados al Fondo, según el DS 28571.

Interpelación a ministra
La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, reiteró ayer en Santa Cruz que este viernes se presentará a la interpelación que efectuará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

De manera tácita afirmó: “No tengo miedo a las preguntas, nosotros como Ministerio de Desarrollo Rural somos querellantes dentro de la investigación que, hasta ahora, tiene dos personas bajo medidas cautelares”.

Afirmó que no renunciará a su cargo y admitió que algunas organizaciones sociales incurrieron en el desvío de fondos.

"Nosotros entendemos que el Fondo Indígena es una institución que no puede desaparecer. Han habido algunos desvíos de recursos, que es lo que se ha notado en el proceso de auditoría de la Contraloría del Estado. Son las mismas organizaciones que se han visto afectadas", afirmó Achacollo