Escucha esta nota aquí

El gasto programado del Presupuesto General del Estado (PGE) en los 11 años del actual Gobierno fue de $us 211.400 millones, de acuerdo con datos oficiales y leyes financiales aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, citados por la Gobernación cruceña. De este monto, $us 17.000 millones, es decir, solo el 8% de los recursos, se destinaron a universidades, municipios y gobernaciones del país. 

El informe proporcionado por la Gobernación de Santa Cruz surge en respuesta a la aseveración que dio ayer el vicepresidente, Álvaro García Linera, que al calor del debate por el cierre del diálogo del pacto fiscal, se refirió a los representantes de las gobernaciones que piden la redistribución de recursos de coparticipación como “rentistas”, que en 11 años no desarrollaron mecanismos para generar recursos propios.  


“Los que no producen nada, piden todo. Produzcan, aprendan a producir. Son gobernaciones rentistas, piden y no hacen nada. No generan un solo centavo. En 11 años, el Gobierno central les ha dado a los municipios, las gobernaciones y las universidades $us 17.000 millones. ¿Cuánto le ha dado a YPFB? Cero”, aseveró García Linera.     

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, le respondió al vicepresidente que la gestión del Gobierno es sinónimo de “despilfarro, ineficiencia y corrupción”, a lo que le recordó inversiones como San Buenaventura, de $us 250 millones, y no tiene caña para el ingenio; la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, que demandó $us 900 millones, y que tres meses después está paralizada; y la planta Separadora de Líquidos Gran Chaco, que demandó una inversión de $us 800 millones y trabaja solo al 25% de su capacidad. 

“Ni hablemos de las empresas estatales como Enatex, quebrada; Papelbol, en el mismo camino y Epsas, que dejó sin agua a La Paz. Las pocas rentables como Boa se las utilizó para dar trabajo a sus familiares”, añadió. 

En números fríos
De 2006 a 2016, el PGE fue de $us 211.405,68 millones, de los cuales $us 123.779,20 millones se fueron en gastos corrientes, es decir, sueldos, jornales, aportes a la seguridad social, beneficios sociales, sector privado, público y externo, entre otros. 

A su vez, la relación entre la inversión pública y el Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 8%, en 2006, al 14% en 2016. Lo que para el asesor general de la Gobernación, José Luis Parada, significa que la inversión pública no pasó del 14% del PIB  después de 10 años, mientras que los ingresos, a partir de 2015 y 2016, bajaron y obligan  a tomar medidas de austeridad para reducir el gasto corriente.   

“Por una mala administración, rentista, se prevé una crisis para todo el sector público, debido a que los ingresos por concepto de regalías hidrocarburíferas bajaron un 63% de 2014 a 2017, lo que representa una disminución del PGE 2017, que afecta a municipios, universidades, Fondo Indígena, seguridad ciudadana, Renta Dignidad y otros”, alertó Parada. 

Por su parte, el asambleísta departamental del MAS, Edwin Muñoz, cuestionó el reclamo de la Gobernación y afirmó que “deberían empezar a generar su capacidad de autonomía, generando sus propios recursos”.

Centralización de recursos
El abogado constitucionalista y asambleísta departamental, José Luis Santistevan, argumentó que el proceso actual de distribución de recursos de la coparticipación tributaria –el 20% para municipios y el 5% para universidades–, se aprobó cuando el país no tenía un régimen autonómico y el nivel departamental dependía del Órgano Ejecutivo, mientras que la actual Carta Magna, que reconoce la plurinacionalidad y las autonomías territoriales, establece la desconcentración de recursos y de competencias.   

Sin embargo, en criterio del asambleísta demócrata, ocurre todo lo contrario; la actual administración centralizó los recursos  a través de leyes financiales que controlan los recursos y las cuentas de los tesoros autónomos, la Ley 154 de Impuestos, que los concentra en el nivel central y no se pueden crear nuevos impuestos por parte de las autonomías y las leyes de juegos de azar, educación, salud, seguridad ciudadana, telecomunicaciones, vivienda y otras que transfieren los recursos económicos de las autonomías.    

En La Paz convocan a Evo

En La Paz, el gobernador del departamento Félix Patzi no dio por cerrado el diálogo con el Gobierno y recordó que en la última reunión del
Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se acordó un encuentro para el 15 de diciembre, el cual no se realizó, y, por ende, dijo que se debe desarrollar. Allí pedirá la presencia del presidente Evo Morales, como presidente del CNA, para que se pronuncie respecto al documento final emitido y escuche el pedido de las regiones.

“Esperamos que el presidente del CNA (el presidente Morales) nos convoque para debatir esta reforma. Para La Paz es urgente porque hay desequilibrios y necesidades, como también para las regiones que no acceden a regalías de manera directa”, dijo.   

Patzi desmintió a su vez las declaraciones vertidas por el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, que expresó que si bien no se había avanzado respecto a acuerdos en la redistribución de recursos de coparticipación, sí se habían logrado acuerdos con relación a regalías mineras y medioambientales y la posibilidad de nuevos impuestos como a los juegos de azar.    

“El pacto fiscal no contempla una redistribución de los recursos de la coparticipación tributaria debido a que resulta inviable intentar modificar la estructura de salud, educación, Policía y pensiones. Corresponde implementar el pacto fiscal en los temas consensuados”, dijo el viceministro Siles. 

Pero para Patzi el documento “no dice nada” respecto a otras alternativas de generación de recursos, pese a que lo pidió. “Si no se discute, se cerrará con una visión central. Exigimos al presidente que encabece este debate de manera técnica y económica antes de fin de año”, añadió.  

En Tarija, el gobernador del departamento, Adrián Oliva, asumió una posición similar al enviar días atrás una carta al presidente Morales en la que exigió que “convoque a sesión extraordinaria del CNA”. Debido a que el documento final del pacto fiscal requiere el consenso pleno de los 26 miembros del consejo nacional, temen que el proceso se trunque o se convierta en consigna en época electoral. 

Cifras reveladoras

Reparto 2017
El presupuesto consolidado en 2017 es de $us 210.370 millones, que serán distribuidos en instituciones financieras (1%); universidades (2,8%), gobernaciones (4%), seguridad social (4,3%), municipios (8,6%), entidades descentralizadas (14,9%), administración central (28,1%) y empresas públicas (36,2%), según datos oficiales. 

Competencias autonómicas
En materia de competencias, según la Carta Magna y la Ley Marco de Autonomías, se deben transferir por delegación competencial directa 43 competencias a los municipios, 36 a las gobernaciones y 23 a los pueblos indígenas, todas exclusivas sin contabilizar las compartidas, concurrentes y residuales, que por mandato del autogobierno deben ser asumidas por los gobiernos autónomos.