Con motivo del caso Quiborax, la corrupción está a punto de convertirse en “secreto de Estado”, ya que el Gobierno ha restringido la información oficial, salvo aquella que utiliza para la acción penal en contra del expresidente Carlos D. Mesa. Sin embargo, la información oficial no es propiedad del Gobierno, máxime cuando este caso está cerrado y tiene que pagarse (o se pagó) más de 40 millones de dólares de todos los bolivianos.

En el Estado Constitucional de Derecho, en efecto, el acceso a la información pública constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestra democracia, signada por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.

El sistema interamericano de derechos humanos ha cumplido, en este sentido, un rol fundamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información pública es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. La decisión de la Corte IDH recoge parte de un conjunto de declaraciones, en las que se deja establecido que los órganos públicos, sean nacionales o internacionales, manejan información en nombre del público y no de ellos mismos, y deberán proveer acceso a esa información.

En toda esta normativa se pone de manifiesto que los organismos públicos deberán adoptar políticas internas de cumplimiento obligatorio que reconozcan el derecho del público de acceder a la información que manejan. En concreto, deben establecer la divulgación de información clave por iniciativa propia de los organismos, así como el derecho a recibir información ante peticiones concretas.

En el referido caso en contra de Chile, la Corte IDH interpreta que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. La Convención en realidad protege el derecho de las personas a recibir información y al Estado le impone la obligación de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. La información estatal que recibe una persona la puede además difundir en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla.

Todas las reparticiones del Estado deben garantizar no solo el acceso a la información, sino también adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho y asegurar el acceso a la información pública. Los gobernantes están obligados a promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.

Sin embargo, el artículo 13.2 de la Convención reconoce algunas limitaciones al ejercicio de este derecho, siempre y cuando sean: a) establecida por ley; b) perseguir un fin legítimo; c) necesaria en una sociedad democrática; d) escrita y debidamente motivada; y e) temporal y/o condicionada.

En cualquier caso, la democracia exige una amplia libertad de expresión y eso no puede lograrse si siguen vigentes en nuestro país mecanismos que impiden un ejercicio generalizado de la misma. El sistema interamericano de derechos humanos subraya la necesidad de que los Estados asuman un compromiso más decidido para con este derecho a efectos de ayudar a consolidar las democracias en la región.