Opinión

La política detrás del caso Lava Jato

El Deber 23/2/2019 04:00

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Comenzaron las detenciones en el marco de la bullada trama internacional de corrupción llamada Lava Jato. Sin duda, está bien que se investigue y que se busque conocer la verdad. Lo que no estará bien es que las indagaciones sean sesgadas y que solo se apunte a los opositores, intentando omitir lo que ocurrió durante este gobierno o la participación de personas de confianza del actual presidente, cuya firma también aparece en contratos anteriores, suscritos con las cuestionadas empresas brasileñas de construcción.

Tampoco está bien que, una vez más, se mezclen los poderes; que no se deje actuar independientemente al aparato judicial y que en la audiencia cautelar tengan que estar presentes abogados del Poder Legislativo, ejerciendo una presión inconcebible si se busca conocer la verdad de los hechos.

Tras las revelaciones internacionales del caso Lava Jato y sus tentáculos en varios países, entre ellos el nuestro, el Gobierno (especialmente en el Legislativo) ha realizado investigaciones incompletas. Se ha indagado a la empresa Odebrecht y a la empresa Camargo Correa (involucradas en este escándalo de sobornos a cambio de millonarios contratos suscritos en gobiernos pasados); pero se ha dejado a un lado lo que las empresas OAS y Queiroz Galvao hicieron en Bolivia, lo que significaría poner la lupa sobre el gobierno actual; máxime si se toma en cuenta que el escándalo Lava Jato ha tenido una larga duración y ha ocurrido en Brasil y otros países durante los años del actual gobierno nacional.

Es posible que al indagar encuentren irregularidades o que no encuentren nada ilegal, pero será fundamental que por lo menos se hagan las investigaciones y no que se diga que las autoridades del MAS nada tienen que ver con la corrupción y punto. Después de tantos escándalos, la ciudadanía ya no cree en discursos, espera resultados basados en hechos y pruebas contundentes.

Las conclusiones del Legislativo fueron dadas a conocer el año pasado y recién ahora se producen las detenciones. Justo un día antes del tercer aniversario del 21-F (el referéndum que cerró las puertas a la reelección presidencial) y coincidiendo con otras detenciones, como la del diputado Rafael Quispe, lo que más parece un amedrentamiento o una desesperada búsqueda de cambio de agenda informativa.

Es precisamente el manejo político partidario de temas de interés público lo que inquieta. No es admisible que, al acercarse las elecciones de octubre, las influencias del poder vuelvan a impactar en las decisiones de la justicia para amedrentar a los adversarios políticos. La ciudadanía está alerta y desconfiada. Al Gobierno le toca recuperar la fe de la población, en vez de seguirla dilapidando al asumir que el pueblo no se da cuenta de las aguas que corren por debajo del puente.