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El presidente Donald Trump propuso imponer la pena de muerte contra narcotraficantes en Estados Unidos como medio para frenar la expansión de sobredosis que mató a más de 63.000 personas solo en 2016.

Durante un acto en el estado de New Hampshire, Trump anunció que pedirá la pena capital para los traficantes de drogas ante la Fiscalía General. 

Además, amenazó con iniciar demandas civiles y penales contra las farmacéuticas, cuya producción y venta masiva de opiáceos para el dolor son el detonante de la crisis sanitaria. “Tenemos que ser duros con los traficantes de droga y esto incluye la pena de muerte. Ellos acaban con la vida de miles de personas y solo reciben multas o condenas menores. Pero si alguien mata a una persona, se le condena con cadena perpetua o a la pena capital. Ganaré esta batalla”, clamó el mandatario.

Trump atacó un problema que sabe profundo y creciente. El año pasado murieron por sobredosis en EEUU 63.600 personas, siete veces más que en toda la Unión Europea, Noruega y Turquía. El 66% de estos fallecimientos se debió a los opiáceos. Pero no se trata solo de heroína, sino también de fármacos de prescripción. 

En 15 años, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, las recetas de opiáceos contra el dolor se han triplicado. Solo el año pasado se distribuyeron 6.200 millones de pastillas de hidrocodona (Vicodin) y 5.000 millones de oxicodona (Percocet). 

Se trata de un enorme negocio que nadie ha querido frenar. En el país hay ahora mismo dos millones de adictos y, como revela un estudio de Jama Psychiatry, el 75% de los heroinómanos empezó con estos analgésicos opioides.

A ello se suma la mejora de la producción y tráfico de opio. Las montañas de Sinaloa y Guerrero (México) se han vuelto los principales semilleros de América. Y los cárteles han empezado a sintetizar en masa los aditivos que disparan las sobredosis, sobre todo el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína.

El resultado es devastador. El coste económico, según la Casa Blanca, es de 500.000 millones de dólares al año, la esperanza de vida ha descendido y los decesos han aumentado.

Todo ello ha llevado a declarar la emergencia sanitaria y a preparar un plan de acción gubernamental. Para presentarlo, Trump eligió una de las zonas más castigadas, New Hampshire. El paquete de medidas parte de un triple enfoque: reducir la prescripción de opiáceos legales, endurecer la represión y facilitar los tratamientos de deshabituación.

Para aminorar el uso de fármacos, la Casa Blanca propone combinar campañas de concienciación, mejorar la investigación y, sobre todo, recortar las recetas un 33% en tres años. Para ello, se va a exigir que las prescripciones a cargo del erario federal se ajusten a un código de buenas prácticas.

En la vía persecutoria, el plan de Trump propone aumentar la vigilancia en fronteras y presionar a China y México para reducir el tráfico de heroína y precursores. “El muro servirá para mantener las drogas fuera”, afirmó Trump.

Otro apartado se dirige a “desplegar una estrategia agresiva” tanto por la vía civil como la criminal contra los doctores, productores y distribuidores de opiáceos que no cumplan la ley. 

El punto más polémico de la iniciativa recae en la petición de la pena de muerte. No es algo extraño en Trump. En más de una ocasión, ha manifestado su querencia por la pena capital para los narcotraficantes. “Algunos países aplican la pena máxima y tienen menos problemas de drogas que nosotros”, ha llegado a decir.

En esta línea, el Departamento de Justicia pedirá la ejecución de los traficantes de drogas “donde sea apropiado bajo la ley actual”. Este endurecimiento de los criterios de la Fiscalía ha generado dudas entre los expertos. Para la Casa Blanca se trata de una directriz que tendrá que dirimirse en los juzgados. 

Más sanciones de EEUU contra Venezuela
Washington sancionó a cuatro venezolanos, tres de ellos actuales funcionarios, a los que acusa de malos manejos económicos y actos de corrupción, y congeló eventuales activos que esas personas posean en EEUU.

Los sancionados son Américo Mata, del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat; Antonio Contreras, de la Superintendencia para
Defensa de los Derechos Socioeconómicos; Nelson Lepaje, del Tesoro venezolano, y Carlos Rotondaro, exdirigente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

Por otra parte, el presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe “todas las transacciones” con “cualquier moneda digital” emitida por el Gobierno venezolano, en alusión a la criptomoneda impulsada por las autoridades venezolanas, conocida como ‘petro’. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, EEUU ha sancionado a una veintena de dirigentes chavistas, entre ellos a Maduro y a su vicepresidente, Tareck El Aissami.
 

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