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La Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de Roboré aseguraron ayer que las 55 hectáreas desmontadas en este municipio no son tierras de uso fiscal, como indicaron autoridades del Gobierno central que autorizaron el ingreso de 33 familias, este grupo tumbó árboles para realizar actividades agrícolas, pese a que este suelo no tiene esa vocación, informaron autoridades de ambas instituciones.

Cinthia Asín, secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, aclaró que el área desmontada no está en la reserva del valle de Tucabaca, sino en un área colindante que tiene uso forestal.

“No está dentro del área protegida Tucabaca. Pero eso no le quita ni le resta la importancia correspondiente, porque es un área colindante”, señaló.

La autoridad agregó que “hay caminos y una separación entre ambas zonas que forman parte del Bosque Seco Chiquitano”.

“Forma parte de nuestro patrimonio departamental, su uso es netamente forestal”, agregó.

La autoridad incluso señaló que existe una resolución emitida en 2006 por el Ministerio de desarrollo Sostenible y Medio Ambiente que otorga a la zona deforestada esta categoría.

Incluso existe una concesión forestal instalada en el lugar que hace el manejo sostenible de 1.000 hectáreas. Se trata de la comunidad Santa Rosa, que se compone de 30 familias.

El alcalde del municipio de Roboré, Iván Quezada, coincidió con Asín al señalar que las 55 hectáreas no están en el Valle de Tucabaca. “De forma contigua hacia el norte está nuestra Área de Reserva Forestal Municipal, que fue declarada reserva ecológica el Paquío por el gobierno municipal del año pasado, son dos áreas diferentes”, afirmó la autoridad edil.

Quezada lamentó que el INRA y la ABT hayan autorizado el uso agrícola de los predios desmontados, pese a que el suelo no es apto para esta actividad y menos aún son tierras fiscales.

La autoridad indicó que de emergencia convocó a la Asamblea de la Roboreñidad, la que determinó realizar una carta de denuncia a todos los ministerios relacionados con la conservación del medioambiente, como la ABT, el INRA, el Ministerio de Desarrollo y Tierras, entre otros.

“Hemos recibido una carta de la ABT que nos ha pedido una reunión después del 24 (de octubre)”, afirmó el alcalde.

Se llamó a Rolf Köhler, director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), y al director regional del Instituto de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, Sergio Imana. El primero dijo que atendería hoy a la prensa, la segunda autoridad no atendió su teléfono.