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2/04/2015
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La justicia benefició a la hija y al yerno del desaparecido expresidente de Bolivia Hugo Banzer Suárez con medidas sustitutivas a la detención preventiva. La pareja es acusada por la Fiscalía por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló ayer por la tarde en el despacho del juez Erwin Jiménez, que ordenó a los sindicados presentarse una vez al mes ante los fiscales investigadores del caso y quedar arraigados en el país. Además, el juzgador encontró necesario fijarles una fianza de Bs 500.000 a cada uno de los procesados, la misma que debe ser entregada al Poder Judicial en un plazo de 30 días, caso contrario la determinación de permitirles defenderse en libertad podría ser revertida en otra audiencia.

El fiscal Pablo Guzmán, que junto con sus colegas Ana Luisa Heredia, Fanny Alfaro y Cándido Blanco son parte de la comisión investigadora, explicó que la determinación de las medidas cautelares del juez Jiménez será analizada por ellos, para definir si apelerán o no a esta decisión.

Yolanda Éricka Banzer de Suárez y Fernando Roberto Suárez Blacut son los implicados en este caso, que en principio también tenía como posible autora de los delitos a la esposa de Banzer, Yolanda Prada de Banzer, que señalan está en un delicado estado de salud.

La defensa

La abogada de los familiares del expresidente recordó que la investigación a sus clientes data de hace seis años y cuestionó los informes presentados en la audiencia de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), documentos que son parte de los argumentos con los que la Fiscalía sigue el caso.

Los sindicados también entregaron al juzgador la documentación de un estudio de auditoría, en la que se demuestra que los movimientos financieros de la pareja tienen los respaldos necesario.

De acuerdo con el fiscal Guzmán, se están esperando otros informes financieros sobre los movimientos económicos de la familia Banzer, para determinar el posible daño económico que habrían provocado al Estado. Los investigadores seguirán analizando la documentación