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Las obras de gran envergadura que encara la Alcaldía cruceña están en el ojo de la tormenta de profesionales, especialistas en construcción y exconcejales. Aducen que los problemas se presentan por la mala calidad de los materiales utilizados, debido a la escasa o nula fiscalización a las empresas que son contratadas para su ejecución, además del mal diseño del proyecto.

Los ejemplos son evidentes como en el canal Chivato, las rajaduras en la capa asfáltica de la avenida G-77+China y de la Mutualista (en el cambódromo), los baches en la avenida Libertador San Martín de Equipetrol y la doble vía a La Guardia; así como también los techos volados y las goteras en algunos edificios escolares (módulos educativos) causados por la lluvia y los vientos, y otro tipo de deterioro en los mercados distritales.

Fiscalización

Toda obra pública debe seguir tres pasos, primero la elaboración del proyecto, luego de su aprobación, tras una licitación, se escoge a la firma que la construirá, e inmediatamente después se tiene que contratar una empresa que realice la fiscalización para garantizar larga vida del edificio, plaza, canal de drenaje o pavimento en las vías.

El exsecretario de Planificación municipal Fernando Prado asegura que en la búsqueda de ahorrar dinero se contrata profesionales sin experiencia o personas que no tienen el título de ingeniero civil para ejercer. “El fiscal de una obra tiene que ser un profesional de alto nivel, con mucha experiencia, con capacidad para descubrir problemas en el proyecto en el transcurso de la ejecución, por ello puede llegar a pedir la modificación del mismo; hoy vemos que los denominados fiscales no verifican y por ello tenemos obras de mala calidad que duran pocos años”, manifestó Prado, urbanista de profesión.

Sin embargo, Edil Aponte, ingeniero civil que durante 12 años ejerció como responsable de canales de drenaje y mantenimiento en la comuna cruceña, reveló que las direcciones de Infraestructura y de Drenaje cuentan con su propio departamento de fiscalización.

Aponte explicó que cuando la obra tiene un costo menor a Bs 1 millón la verificación corre por cuenta de profesionales de la comuna; solo si el plan tiene una inversión mayor a Bs 1 millón se debe contratar una empresa externa para la fiscalización, pues así mandan las normas nacionales.

Sin embargo, Aponte dijo que en el proceso de ejecución puede haber cambios en el material de construcción o poca compactación del terreno, lo cual es negligencia del fiscalizador.

“Las empresas fiscalizadoras suelen entrar en contubernios con la constructora para rebajar la calidad del material, eso da doble trabajo porque se debe vigilar a ambas, producto de ello es que las obras salen falladas; pero, aunque la recepción final es luego de 180 días de su finalización, se puede ejecutar la boleta de garantía, además de obligar a reparar los daños”, dijo Aponte.

Leonardo Roca, exconcejal de Santa Cruz Para Todos (SPT) el cual fue destituido de su cargo en la gestión 2010-2015, asegura que la falta de fiscalización se debe a que hay grupos empresariales ligados al municipio que se benefician con la no verificación del trabajo. “Las obras no tienen un periodo de duración largo y empiezan los mantenimientos en el corto plazo, el que se hace con dinero de la comuna”, aseveró.

Diseños inadecuados

Otra de las posibles causas de las obras municipales dañadas es el diseño malo, el cual no fue hecho por expertos y fue dejado en manos de gente sin experiencia.

Para Rolando Schrupp, expresidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), hay normas que se deben seguir y si se las ignora las obras saldrán mal.

“Ante la falta de responsabilidad la obra sale mal por ello entre los actores se pasan la bola, el constructor acusa al diseñador y este dice que fue culpa del fiscalizador, pues en la ciudad adolecemos la falta de un Código de la Construcción, así como hay uno de Urbanismo y Obras, pues falta normar los temas de ingeniería; ahora nos manejamos con parámetros subjetivos lo cual le interesa al poder político para no ser controlado y sacar ganancias”, manifestó Schrupp.

Fernando Prado coincide en que el primer error está en el mal diseño del proyecto y ahí no se puede echar la culpa al fiscal.

“La Alcaldía dejó de licitar los proyectos los que ahora son confeccionados por sus profesionales novatos; también se da otra cosa, la empresa constructora puede rebajar la calidad del material de construcción. Además, no existe una fiscalización posterior para garantizar la duración de la obra”, anotó Prado.

Alcalde sin control

Según el exconcejal Óscar Vargas, uno de los grandes problemas en la comuna es que el alcalde Percy Fernández es reacio a ser controlado, es por ello que al destituir a seis de sus concejales, con los suplentes de la agrupación SPT, hizo aprobar una norma donde le quitó potestad al organismo deliberante su tarea fiscalizadora, pues ahora los contratos son de absoluta responsabilidad del ejecutivo.

Leonardo Roca también criticó al Control Social, que antes se llamaba Comité de Vigilancia, por no ejercer lo que manda la Ley de Participación Popular, de fiscalizar al alcalde.

Omar Rivera, ejecutivo de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, coincide en atacar al Control Social y también al Concejo Municipal porque no controlan el accionar del burgomaestre que está entregando obras de mala calidad. “Lamentablemente no hay concejales opositores y el Control Social está al servicio del municipio. Pido a la Contraloría y al Ministerio de Transparencia que nos ayude a fiscalizar”, acotó.

Una de las secretarías que más obras ejecuta es la de Parques y Jardines, cuyo responsable, Roberto Áñez, refirió que tienen contratos para realizar mantenimiento de inmediato si se lo requiere en un colegio o parque, y que gracias a ello es que en esta gestión no hay reclamos de parte de los vecinos.

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Opinión

Óscar Vargas/ Expresidente del Concejo Municipal
“Percy no quiere que lo fiscalicen”

El alcalde Percy Fernández se incomoda al  verse fiscalizado, durante mi primera gestión, por tres años, se hizo alguna vigilancia donde le pedí que cumpla lo que prometió en la campaña, lo cual deterioró mi alianza con él.

En 2010 ingresó gente nueva al Concejo Municipal que intentó supervisar los contratos de la basura y con SIO, que cobraba los impuestos; así como los trabajos en los canales Isuto y Chivato, el cual permanentemente se dañaba; y el porqué de las denuncias de constantes goteras en los nuevos módulos educativos, donde se evidenció la mala calidad de las obras y donde la municipalidad denotaba negligencia, pues no estaba obligando a las empresas contratadas a repararlos.

Luego del golpe contra seis concejales de Santa Cruz Para Todos y de una del MAS, que fuimos cambiados por los suplentes, el organismo deliberante perdió totalmente su capacidad de control. Ahora los contratos no llegan al Concejo, pues se dio facultad al ejecutivo para contratar, fiscalizar y verificar las obras.

Lo que tratamos de ver era que no se gaste la plata en lo que sea, sino en invertir bien, por ello pedimos que el alcalde vaya dos veces al año ante el pleno del Concejo, a partir de agosto para elaborar el POA, y al año siguiente para que explique qué hizo.

Es por eso que ahora vemos obras de pavimento que en menos de cuatro años ya están rajadas por la mala compactación y porque no hubo una verdadera fiscalización en la construcción. También veo que no hay un modelo de gestión, pues solo se dan soluciones parches. Ahora los únicos fiscalizadores son la prensa y los vecinos.