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El último ranking del hambre ubica a Bolivia como el líder latinoamericano, con el 19,8% de su población subalimentada, según el estudio sobre La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pero ¿Cómo se explica que luego de una década de cuantiosos ingresos por los extraordinarios precios de las materias primas una quinta parte carece de los nutrientes básicos?, más aun habiendo constitucionalizado el derecho a la alimentación (Art. 16 de la CPE), estableciendo que el Estado tiene la obligación de garantizar una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

La privación del derecho a una alimentación adecuada afecta particularmente a la niñez, puesto que el 53,7% de niñas y niños menores de cinco años en Bolivia padece de algún grado de anemia, siendo la media latinoamericana del 18,7% (OMS, 2015), comprometiendo de manera irreversible el desarrollo cognitivo, la mayor morbilidad por enfermedades infecciosas, además del retraso en el crecimiento físico, puesto que el 20,3% (INE/2016) de menores de cinco años padece de desnutrición crónica, es decir, de una talla por debajo de la edad como resultado de una deficiencia prolongada de nutrientes.

La desnutrición, particularmente la crónica, es el reflejo de una serie de determinantes que van desde aspectos estructurales, como los aún elevados niveles de inequidad en la distribución de la riqueza, hasta la insuficiencia o baja calidad de las políticas públicas y la atención en los servicios, pasando por la disponibilidad de alimentos, prácticas de alimentación y de cuidado de la salud, puesto que los grados severos de anemia en la niñez, se relacionan con la mortalidad, manteniendo un tercio por encima de la media latinoamericana las tasas de mortalidad neonatal, infantil y de menores de cinco años en Bolivia.

Si bien, desde hace más de 30 años, se vienen impulsando programas de suplementación y fortificación de alimentos con micronutrientes y de orientación alimentaria nutricional para mejorar la alimentación de madres y niños, con el apoyo de organismos de cooperación internacional y de organizaciones no gubernamentales, resulta innegable que es urgente un esfuerzo aún mayor, integral, intersectorial, coordinado entre todos los actores, focalizado en la comunidad, en el primer nivel de atención y con un enfoque intercultural y de género.

Junto a los temas de salud y nutrición, sin duda que el desafío mayor en la primera infancia está relacionado con la protección y la estimulación temprana, lo cual obliga a superar las extremadamente bajas coberturas en las políticas de desarrollo infantil, puesto que solo el 4% niños y niñas de Santa Cruz acuden a los centros de desarrollo infantil a cargo de los gobiernos sub nacionales.

Estos datos y las múltiples razones que obligan a invertir en desarrollo infantil interpelan a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en su conjunto. La habilidad del niño para pensar, para establecer relaciones y desarrollarse al máximo de su potencial está directamente relacionada con el efecto de una buena salud, una buena nutrición y una interacción social apropiada, puesto que en los tres primeros años de vida se desarrollan las conexiones del sistema neurológico del cerebro humano.

Por lo tanto, garantizar el desarrollo infantil saludable es una inversión en la futura población activa del país y en su capacidad de progresar económica y socialmente, además de modificar los efectos de las inequidades socioeconómicas, aumentar la eficacia de otras inversiones y avanzar en una mayor equidad de género, que son algunas de las causas más arraigadas de reproducción del círculo del hambre y la pobreza.