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Son cinco las veces que se modificó el contrato de construcción de la Casa Grande del Pueblo, el nuevo palacio presidencial. En sus alteraciones, desde abril de 2015, se reformó tres veces el precio de la obra; en dos se redujo y en otra, se amplió. Al final, la edificación tiene un incremento  de Bs 9.915.387 (1,4 millones de dólares) debido a la instalación de nuevos ítems, que son pedidos o remodelaciones. El edificio debe ser entregado el 28 de febrero de 2018, aunque la fecha de entrega también ya ha sido modificada en dos ocasiones.  El punto es el momento que el Gobierno eligió para financiar una obra de estas características, con un aumento de costos incluido.

El 12 de enero de 2015 se firmó el contrato de la construcción de la Casa Grande del Pueblo. Se presupuestó 231.602.423 bolivianos ($us 33,2 millones), monto que fue criticado por diversos sectores, debido a que se planificó la construcción de un nuevo Palacio de Gobierno a pesar de vivir un periodo de desaceleración de la economía por la baja de los precios del petróleo. El analista Carlos Toranzo consideró que “no era necesario” edificar la casa presidencial, ya que con el Palacio Quemado “es suficiente” y no es prioritario. 

El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), de julio de 2016 a junio de 2017, fue del 3,94%, cifra que ha sido la menor de la última década. Para 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó un 4% de crecimiento, cifra que fue refutada por el Gobierno, que pronostica el 4,7% de incremento.  


Mientras tanto, cientos de obreros de la empresa constructora Tauro S.A. trabajan sin pausa. El centro paceño está colapsado por manifestaciones, pero adentro de la construcción nadie se entera de lo que pasa afuera. Los trabajadores tienen sus funciones y ahora están bajo el reto de entregar el palacio en dos meses, aunque falta la obra fina y los detalles del interior de la edificación.  

El diputado Javier Zabaleta, de la comisión de Planificación de la Cámara Baja, justificó la edificación y aseguró que todo el proceso de contratación se hizo “de manera transparente”. El legislador impulsó la construcción de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene un retraso. 

 El nuevo edificio presidencial, que tiene 28 pisos y que se levantó detrás de Palacio Quemado, se construyó en medio de fricciones políticas. El senador Arturo Murillo, de Unidad Demócrata (UD), reprochó que el Gobierno tenga “prioridades lujosas” y no se invierta en salud o en educación. 

“Se construye un palacio de lujo con costos altísimos y hay mucha gente en el área rural que no tiene acceso a la salud o a la educación. Eso da pena, ya que ellos (del MAS) solo piensan en ellos, no en la gente”, cuestionó Murillo.  

Las modificaciones

EL DEBER accedió a los cinco contratos modificatorios de la  obra. Los cuatro primeros fueron firmados por el exministro Juan Ramón Quintana y el último por el actual titular de la Presidencia, René Martínez. El primer contrato modificatorio se suscribió el 30 de abril de 2015. En el documento se decidió decrecer el monto de construcción de Bs 231.602.423 a 229.234.743. Se decidió achicar el presupuesto económico porque se eliminaron algunos de sus ítems.  

En el segundo contrato modificatorio se cambió la fecha de entrega de la obra. Según ese documento, el nuevo palacio debía ser entregado el 29 de mayo de 2017. Ese plazo no se cumplió. 
Todos los contratos fueron reformados previos estudios técnicos que tienen sus códigos, pero también fueron evaluados y avalados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es fiscalizador de la construcción. 

En el tercer contrato, suscrito el 15 de septiembre de 2016, se volvió a modificar la fecha de entrega. En esta ocasión se debía presentar la obra el 30 de noviembre de este año. Eso tampoco sucedió. 

En el cuarto contrato modificatorio  se volvió a bajar el monto de la obra. Esta vez se redujo a Bs 227.730.891. El cambio fue porque se restaron ítems en la parte eléctrica. 


Sin embargo, en el quinto contrato modificatorio, que fue firmado el 8 de septiembre de 2017, mientras se debatía el pacto fiscal y cuando el Gobierno se aprestaba a anunciar que este año no habría doble aguinaldo porque el crecimiento del PIB era del 3,9%, se decidió aumentar el precio de la obra a 241.517.810 bolivianos. Además, se postergó la fecha de entrega de la Casa Grande del Pueblo, estableciendo como tope el 28 de febrero de 2018. 

EL DEBER consultó al ministro de la Presidencia, René Martínez, sobre las modificaciones, pero la autoridad, a través de uno de sus asesores, pidió que el tema sea abordado con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, quien dijo que desconoce los motivos por los que reformaron las escrituras.

“El FNDR fue quien vio todos estos aspectos técnicos (...) yo averiguaré y devuélvame la llamada mañana”, detalló el viceministro. Al día siguiente, la autoridad ya no contestó su teléfono móvil.  

Nuevos ítems

En el último contrato se adicionaron ítems “para la ejecución adecuada de acuerdo a la optimización del estudio integral técnico, económico, social y ambiental (TESA), ya que la propuesta inicial no contemplaba los mismos y su alcance era más reducido ante la nueva propuesta planteada”. 

Además, el contrato añade que “la adición de nuevos ítems origina modificación en monto, debido a un incremento de las cantidades y volúmenes de la obra, esta acción significaría, por lógica, un incremento en el plazo contractual justificado”. 

El incremento representa 1,4 millones de dólares y se dio debido a la inclusión de los siguientes ítems: “Trabajos generales, estructuras, arquitectura, climatización, sanitario, ingeniería eléctrica, tecnología de información y comunicaciones, gas e hidrosanitario”. 

De acuerdo con la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco), las adiciones de ítems son válidas en pleno proceso de construcción y se refirió a algunas. El punto hidrosanitario significa el conjunto de tuberías, válvulas, ramales y conexiones que proveen de agua a los diferentes servicios de una construcción. 

Ahora, los obreros trabajan a contrarreloj, a dos meses de la entrega, aunque ya se habla de un sexto contrato modificatorio.