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Cuatro diputados del MAS, que representan a Cochabamba, presentaron el 23 de noviembre un proyecto denominado Ley de Información Responsable, que plantea realizar hasta  procesos penales a los altos ejecutivos de los medios de prensa, por la información falsa que se publique y que dañe la dignidad de cualquier persona, según el documento al que tuvo acceso ayer EL DEBER. 

“Serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil, administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación público o privado que emitan información que de manera indebida, dañen la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona”, argumenta el artículo 9 del proyecto de ley. 

“Esta norma es para que las personas actúen con responsabilidad. Mucha gente difama a otros y algunos medios de comunicación se prestan para eso. No solo es a nivel periodístico, sino las personas que exageran cuando difaman. Pero el difamado puede involucrar como responsables a los dueños de los medios. Por eso hay que  ser más responsables al informar”, explicó a EL DEBER el diputado Manuel Mamani, presidente de la Comisión de Educación y Salud, que firma el proyecto, presentado a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Además, en el documento de nueve artículos y dos disposiciones transitorias, se encuentran las rúbricas de Leoncio Jancko, Nora Fernández y Lucio Gómez. Ninguno de ellos dijo conocer el documento, pero Jancko aseguró haber “apoyado la norma con firmas”.

Mamani señaló también que  las demandas podrán realizarse  ante un juez, ante una imputación formal. Sin embargo, aseguró que no se están coartando derechos de expresión y se respeta la Ley de Imprenta, vigente desde 1925.

Mamani dijo que lo que se quiere es que la información sea transparente y publicada con responsabilidad.
Inconstitucional

De inmediato, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marcelo Miralles, calificó de inconstitucional el proyecto, ya que además de lo que establece la Ley de Imprenta y el Código Penal, las disposiciones sobre difamación,calumnia e injurias ya están previstas en la misma Constitución.

“No hay ninguna necesidad de una nueva ley. Nuestras leyes ya prevén estos casos”, comentó el ejecutivo de la ANP.

Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, dijo ver claramente  “que es un proyecto que atenta contra la libertad de expresión y de prensa”.

“Contradice a la Constitución, que establece que hay un mecanismo de autorregulación en los medios; y a la libertad de expresión. Se abre la puerta a la discrecionalidad porque al final, en la interpretación de lo que sería información responsable, aparece disfrazada de regulación la censura. Y eso es incompatible con una sociedad democrática”, señaló.

Añadió que por ser un proyecto de ley presentado por parlamentarios del MAS, es un proyecto muy peligroso que fácilmente puede llegar a censurar a los medios.