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Las entidades del Estado y la empresa privada en su conjunto deberían garantizar la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes hasta en un 4% del número total que integran este grupo que son 52.349 en todo el país. Sin embargo, ninguna instancia pública o privada cumple con esta inclusión.

Ayer, la ministra de Salud, Ariana Campero, admitió que el Estado es el que más cumple con este precepto legal, pero alcanza al 50% de ese porcentaje. “Los que más hemos incorporado somos los ministerios que sobrepasamos el 55% de la meta; donde vemos con mucha preocupación y el Ministerio de Trabajo ha dicho que realizará un monitoreo, es en instituciones privadas y entidades locales, los municipios no sobrepasan el 0,5%, es decir que no llegan ni al 50% de este objetivo”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Wilson Yanarico, asesor jurídico de las personas con capacidades diferentes de La Paz, dijo que ninguna instancia cumple con este requisito y recordó que la Ley General para Personas con Discapacidad (Ley 223) es de marzo de 2012, está vigente y nadie se ocupó de su cumplimiento.

Asimismo, recordó que el reglamento de esta ley fue emitido recién en febrero de 2014 cuando la Ley señala 90 días para la elaboración del reglamento. También dijo que todas las propuestas del Gobierno sobre este punto son inadecuadas, porque todo lo que ofrecen ya está en la ley y el reglamento y por tanto, no trajeron nada nuevo para plantear en las reuniones que sostuvieron en Parotani, Cochabamba, y el viernes en Caracollo, Oruro.

Ayer, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán Chuquimia, afirmó que los dirigentes de la columna que marcha hacia La Paz no quieren escuchar las “variables” que tienen y tampoco presentan propuestas sobre de dónde se puede obtener más recursos para subir el presupuesto de los Bs 40 millones que fija la Ley 223 y por tanto el Gobierno está esperando la iniciativa del sector.

La ministra de Salud, dijo que hay propuestas de gobernaciones y municipios para que se sumen a la negociación, pero que la dirigencia solo habla de las propuestas del Gobierno central; asimismo, manifestó que ellos ya están trabajando con siete departamentos que aceptaron las mesas de trabajo para solucionar las demandas que tienen.

Pero el dirigente David Cayo dijo que los supuestos acuerdos que el Gobierno muestra a la población, son documentos firmados por funcionarios púbicos que trabajan en algunas gobernaciones, por tanto, afirmó que esos supuestos acuerdos no tienen validez