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La disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, medidas anunciadas este lunes por la presidenta del país vecino, Cristina Fernández, tras el escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman, no despeja las dudas sobre el funcionamiento del Estado.

Fernández sacudió de nuevo el ya revuelto patio político argentino el lunes, cuando anunció un golpe contra la estructura de inteligencia y alimentó la teoría de la conspiración para desestabilizar a su Gobierno mediante el asesinato a Nisman.

La reforma, que comenzará a debatirse la próxima semana en el Congreso y que según la presidenta era una "asignatura pendiente" de la democracia argentina, deja todavía sin despejar muchas dudas sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia en el país.

Las mayores críticas de oposición y analistas se centran en el aumento de competencias de la fiscal general y en la duración de los cargos, cuatro años, lo que implicaría que el próximo Gobierno, que se elegirá en octubre, tendría que trabajar con jefes de inteligencia elegidos en el mandato de Cristina.

Las críticas alcanzan también al jefe del ejército, César Milani, responsable de la inteligencia militar y denunciado por su actuación durante la dictadura, que queda fuera de la órbita de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A falta de conocer los pormenores de la propuesta de ley presidencial, la oposición y los analistas se preguntan por qué plantea ahora la disolución de la Secretaria de Inteligencia, tras ocho años en el poder y en la recta final de su mandato, y advierten contra una posible "operación cosmética" para distraer la atención en medio de un escándalo político sin precedentes en una década.

"La Secretaría de Inteligencia no va a cambiar con un cambio de nombre, sino con un cambio de política", ha advertido Mauricio Macri, el alcalde opositor de Buenos Aires y aspirante a ocupar la Presidencia.

"Suena extraño" que tras doce años en el poder, el kirchnerismo inicie esta transformación "a las puertas de su retiro y en una etapa de total desprestigio y frente a una acusación tan grave como la del fiscal Nisman", explicaba este martes el analista Jorge Arias, de Polilat.

Arias aprecia un intento de "cubrir la retirada del Gobierno" y atribuye la teoría de la conspiración apuntada por Fernández "a una de las acostumbradas acciones de la presidenta de atropellar tratando de producir cambios cosméticos que no cambien nada para que parezca que ha resuelto todas las denuncias contra el Gobierno".

Para Virginia García Beaudoux, codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, la AFI puede contribuir a aumentar la transparencia de la inteligencia, pero es "preocupante" que amplíe el poder de la fiscal general, Gils Carbó, por "su profundo compromiso con la presidenta".

La reforma de Cristina abre también otras incógnitas. Por ejemplo, qué destino espera a los agentes de inteligencia que no entren en la AFI, cuál será su presupuesto o cómo se equipará, especialmente después de que el Gobierno ha reconocido que, hasta hace poco, los espías argentinos grababan escuchas telefónicas en casetes.

¿Aceptarán los espías relevados pasar a retiro? A juzgar por las denuncias de la presidenta, al menos uno no lo hizo de buen grado: Antonio "Jaime" Stiuso, exjefe de Operaciones de Inteligencia, estrecho colaborador del fiscal Nisman, relevado en diciembre y a quien Fernández señala como instigador de la supuesta confabulación contra su Gobierno.