Escucha esta nota aquí

La filtración documental más grande y de mayor alcance en la historia del periodismo que puso en evidencia cómo líderes políticos, empresarios, figuras del fútbol, artistas y capos de la mafia, entre otros, hacían crecer sus fortunas en los paraísos fiscales -en los que trabajaba el bufete panameño Mossack y Fonseca- empezó una noche de 2015 con un mensaje anónimo y vio la luz el 3 de abril de 2016. Un año y medio después, el 29 de octubre de 2017, un equipo de EL DEBER abría el cerrojo de este mundo offshore en el que aparecían 274 bolivianos o extranjeros relacionados con el país. 

Hola. Soy John Doe. ¿Te interesaría recibir unos datos? Me gustaría compartirlos.
Así fue el primer contacto de la fuente anónima que terminó proveyendo 2,7 terabytes de información a los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, quienes -en un acto de desprendimiento- lo compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y de eso modo trabajaron en sus propias historias unos 150 equipos de prensa de 79 países. El impacto fue sin precedentes: 150 investigaciones judiciales se iniciaron en más de 70 países, según el Centro para la Integridad Pública.

Entre los 2,7 terabytes se encontraban también los 15.460 correos electrónicos y documentos relacionados con Bolivia. El análisis de estos datos permitió conocer cómo, desde 1994 hasta 2015, 274 bolivianos acudieron a la firma panameña Mossack y Fonseca para que, bajo el más estricto anonimato, les provea sociedades offshore y, en otros casos, les asigne  un directorio de ‘hombres de papel’, entre otros servicios. 

Hasta el momento el aparato estatal, pese a que desde mayo de 2016 hasta septiembre de 2017 una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional se dedicó a investigar el tema, no ha procesado a ningún boliviano por este asunto. Solo se conoció, tras la presentación del informe, que la comisión legislativa recomendaba que unos 13 casos pasaran a ser investigados por la Fiscalía, Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Tampoco el proyecto de ley contra el mal uso de los paraísos fiscales ha pasado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como había anunciado esta comisión a finales de septiembre.