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Hace algunos días se presentó un libro publicado por la fundación Pazos Kanki, que fue escrito por seis connotados economistas y politólogos y cuyo tema era analizar cuáles habían sido los frutos de los 11 años de bonanza económica. Se trata de un riguroso, implacable y demoledor trabajo de investigación, en el que las cifras no abruman, pero sí convencen.

He aquí mis impresiones personales:

El libro documenta el derroche desenfrenado que ha caracterizado la gestión de 10 años, con proyectos discrecionales, innecesarios, mal ubicados y sobredimensionados por la falta de una concepción de desarrollo, por las necesidades políticas de grupos afines y por la ausencia de una racional priorización de la inversión. 

Los trabajos sostienen que la corrupción ha alcanzado niveles inimaginables, por la desaparición de controles, debido al monopolio político en el control del Estado y la ‘moral revolucionaria’ que justificaba el asalto a los fondos públicos como compensación histórica. Concretamente, se detalla que las herramientas para este saqueo fueron la contratación directa y los contratos ‘endogámicos’; es decir, del Estado para una empresa también del Estado.

Según los autores, es un modelo basado en el mercado interno, pero que consume productos importados, incrementando las importaciones hasta de alimentos, lo que incrementa peligrosamente el endeudamiento sin crecimiento de la productividad y reduce paulatinamente las reservas. Es un modelo no sostenible.

Se trata, dicen, de un modelo desaforadamente ‘extractivista’, no conocido ni en los peores momentos del desarrollismo. Las riquezas naturales van directamente a manos de un grupo que se ha adueñado del Estado y que con esos recursos garantiza su permanencia en el poder.
Afirman explícitamente que es un modelo que enriqueció a los ricos, apoyando actividades no productivas y de bajo empleo. Durante los 10 años se destacan las cifras de crecimiento de las finanzas, el empleo público y los impuestos, así como de los hidrocarburos, mientras languidece la agricultura, sobre todo para el mercado interno, y la industria, gran generadora del empleo formal.

Sostienen que los ingresos no fueron utilizados en los recursos humanos, es decir, en la gente, ni para sus necesidades de salud y educación ni para apoyar su actividad productiva generadora de recursos. El descuido del tema indígena, su principal caballo de batalla, es quizá el más clamoroso.

Por último sostienen que la brutal centralización de recursos y su manejo discrecional por parte del presidente es la señal contraria a la autonomía que establece la Constitución. Evo Morales gastó $us 27.000 millones, de los cuales solo un tercio era productivo. Mientras en 2009 el Gobierno se apropiaba del 44% de los recursos en contra 56 de regiones y municipios, en 2016 el Gobierno central se apropiaba del 82% de recursos, con solo el 19% para gobernaciones y municipios. Evo Morales construyó su imagen mítica con la plata de las autonomías, ¡qué paradoja!