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Un estudio financiado por la Unión Europea en Bolivia alertó sobre las condiciones de discriminación y vulneración de los derechos humanos que sufren los portadores del virus VIH y las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en las cárceles del altiplano.

A pesar de que la mayor parte de responsables de instituciones penitenciarias niega la existencia de problemas específicos de la población reclusa LGTB -o incluso se niega su presencia en las cárceles-, Ricardo Cordón, de la Asociación Con Alas Propias (Ascap), denunció que sufren violencia física, sexual y económica.

La investigación "Miradas libres", primera de este tipo en Bolivia, estima que en las cárceles del altiplano boliviano, que abarca los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, hay al menos 41 reclusos con VIH, 38 de ellos en La Paz.

Sin embargo, podrían ser más porque solo en Oruro y Potosí se practican pruebas diagnósticas obligatorias al ingreso y porque los contagios dentro de las instituciones pueden aumentar la cifra.

Los enfermos de VIH viven apartados en varias de las prisiones, en lo que Cordón define como un "doble aislamiento" o incluso triple en el caso de las mujeres en cárceles mixtas, en buena medida debido a los prejuicios y desconocimiento del personal carcelario sobre los riesgos y vías de contagio del virus.

La mayor parte de la población LGTB prefiere no evidenciar su condición en las prisiones para evitar discriminaciones, advirtieron los responsables del estudio.

Además, las personas con VIH y población LGTB son también discriminados por el personal de las instituciones penitenciarias y operadores legales, asegura el informe.

El Estado boliviano carece de políticas públicas o presupuestos específicos para los colectivos LGTB y de portadores de VIH privados de libertad.