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En Veracruz, el estado más mortífero de uno de los países más violentos del mundo para el periodismo, los reporteros trabajan "en tierra de nadie", sin protección del Gobierno mexicano ni de los medios y entre luchas de cárteles, explicó el analista Ricardo Ravelo.

"Hay falta de recursos y falta de voluntad. Un desinterés que es
muy injusto sobre todo para quienes hacen una labor tan delicada de
reportear en un territorio prácticamente sin ley", dijo a Efe Ravelo, autor del libro "Ejecuciones de periodistas: los expedientes".

En esta obra se recogen nueve historias de periodistas asesinados
o desaparecidos en Veracruz
, en el oriente del país, en unas crónicas que analizan su trabajo y antecedentes, y buscan el porqué de los crímenes.

Sucesos tan escabrosos como el de Miguel Ángel López Velasco,
apodado "Milovela" y subdirector del periódico veracruzano Notiver,
quien fue acribillado en su casa junto a su mujer y uno de sus hijos
en junio de 2011
luego de la aparición de unos vídeos en internet
donde presuntamente aceptaba dinero del cártel de los Zetas.

Se inculpó a Juan Carlos Carranza, "el Ñaca", un expolicía y
miembro en primer lugar de los Zetas y luego del Cártel Jalisco
Nueva Generación -ambos grupos se disputan el estado-
que jamás pudo ser juzgado ni cumplir condena.

Se dijo que el Ñaca, implicado en la decapitación de una
reportera
en esas fechas, fue asesinado posteriormente en Zapopan,
Jalisco, "pero lo curioso es que nadie vio el cuerpo, y por las investigaciones se sabe que hubo más de un participante" en el
suceso, explicó el especialista.

Impunidad y crímenes sin resolver parecen el común denominador en
ese estado que entre 2009 y 2015 registró 15 asesinatos y 240
agresiones a periodistas
, según un informe de la ONG Artículo 19.
En todo el país, en ese mismo periodo se contabilizaron 55 homicidios de reporteros.

Según Ravelo, la mayoría de sucesos están relacionados con la
guerra entre cárteles. "No todos los periodistas murieron o desaparecieron como consecuencia de su trabajo periodístico", detalló el analista, quien habló de presuntas "compras de silencio y desvíos de información", según los expedientes de la Procuraduría (fiscalía) General de la República.

Pero las investigaciones no aclaran "si estos presuntos vínculos
eran forzados o voluntarios"
, dijo Ravelo, quien los atribuyó a la
"coerción". 

A esto se le suma la inacción de la justicia, y es que de los
nueve casos que analiza el periodista solo dos tienen sentencia.
Los demás siguen abiertos y denotan una gran arbitrariedad en las
pesquisas. Hay casos con expedientes de 5.000 hojas y otros con
solamente veinte, pasando "prácticamente al olvido", denunció
Ravelo.

El analista tuvo serios problemas para acceder a las averiguaciones y también para contactar con familiares y compañeros de trabajo de las víctimas, pues muchos "no quisieron hablar por miedo".

Ravelo destacó la "ausencia de protocolos de seguridad" en los
medios locales, pues ninguno puso "medidas para proteger a sus
reporteros".

En parte se debe a la falta de recursos, y quizás por ello ahora
la prensa del estado es "más oficialista" y en ella abunda la
autocensura. En este contexto, el autor matizó el criticado papel en sucesos de este tipo del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que culmina este año su mandato.

Organizaciones sociales han vinculado al gobernador con la
violencia
ejercida contra periodistas y activistas sociales.
La reprobación social a Duarte aumentó con la muerte del
fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera en un
quíntuple asesinato en julio de 2015 en la Ciudad de México.

Ambos se habían marchado de Veracruz meses antes de su muerte luego de denunciar amenazas y hostigamiento, y Vera responsabilizó a Duarte de la represión a periodistas. Ello llevó al gobernador a testificar ante la Fiscalía de la capital mexicana, desligándose de los hechos y asegurando que cooperaría en el caso.

"No hay ningún funcionario (de Duarte) implicado en las muertes
ni desapariciones de los periodistas, pero su gobierno pasará a la
historia como el más sangriento
", dijo el analista, y añadió que durante su mandato "no garantizó la seguridad pública" y la situación, ya de por sí cruenta, empeoró.

"No hacer nada es de alguna manera tener una coparticipación en
el tema de la inseguridad; es ser cómplice por omisión", sentenció.
No obstante, sí aparecen alcaldes y policías locales y estatales
implicados en los sucesos
, lo que reflejaría el elevado grado de
infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno,
apuntó Ravelo. Todo ello cubierto por un halo de impunidad que poco servirá para mejorar la situación.

"Siguen ocurriendo agresiones y hay una intolerancia frente al
trabajo de prensa crítica
. Por más recursos que se destinen o
políticas de concienciación a nivel de los funcionarios para respetar el trabajo reporteril, me parece que esto va a seguir", zanjó.