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La identificación de las primeras desaparecidas civiles tras la toma guerrillera del Palacio de Justicia de Colombia en 1985 y su sangrienta retoma por parte del Ejército, abre viejos interrogantes sobre lo que pasó en una matanza que dejó un centenar de muertos.

Después de 30 años de incertidumbre, la Fiscalía de Colombia anunció este martes que en los últimos días identificó los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Lucy Amparo Oviedo, empleadas de la cafetería del edificio, y Luz Mary Portela León, visitante ocasional que debía reunirse con un magistrado.

Los huesos de Guarín y Portela se encontraban en fosas comunes de dos cementerios de Bogotá, mientras que los de Oviedo reposaban en "dos cajas que se mantenían embaladas en la Fiscalía", según reveló el fiscal general Eduardo Montealegre, en rueda de prensa.

En los violentos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y el Ejército incursionó con tanques de guerra para recuperarlo, murieron un centenar de personas, entre ellas, una decena de magistrados.

Del paradero de otras 11, los familiares nunca volvieron a saber nada. Frente a la sede del Instituto Forense de Medicina Legal y tras reconocer fragmentos de ropa y huesos calcinados, los familiares recibieron la noticia con más preguntas que respuestas.

"Es un gran logro haber encontrado los restos pero también un sinsabor por esa verdad que hace falta", dijo Rosa Cárdenas León, media hermana de Portela, a la agencia de noticias AFP

La responsabilidad del Estado

En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que el Estado colombiano empleó "un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19".

La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19, y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.