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El exdirector gerente del FMI y exministro de Economía español, Rodrigo Rato, imputado ya en dos casos de corrupción en España, está siendo investigado por el fisco que este jueves registró su domicilio madrileño, comprobó un fotógrafo de la agencia de noticias AFP.

"La actuación se está realizando por orden judicial, a petición de la Fiscalía", informó un portavoz de la Agencia Tributaria sin poder precisar el motivo.

Según la prensa española, Rato, exnúmero dos del gobierno de José María Aznar (1996-2004), que después dirigió el Fondo Monetario Internacional entre 2004 y 2007, está siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras haberse acogido en 2012 a una amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo conservador para hacer aflorar el dinero oculto en paraísos fiscales.

Contactado por la AFP, el ministerio de Economía, de quien depende el Sepblac, no quiso confirmar ni desmentir esta información, asegurando que "sus investigaciones son confidenciales".

Según varios medios, un juez español solicitó al banco de negocios franco-estadounidense Lazard información sobre el supuesto pago de 6,2 millones de euros a Rato en 2011, varios años después de que hubiese trabajado para ellos como asesor.

Representante político 

Antigua esperanza de la derecha española, considerado en los años 2000 uno de los grandes candidatos a tomar las riendas del país, Rato comenzó a verse cernido por la justicia con el escándalo de Bankia.

Este banco, que él presidió desde 2010 hasta 2012, rozó la quiebra ese año precipitando un rescate europeo a la banca española de 41.000 millones de euros.

Rato está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal, en relación con la salida a bolsa de la entidad en 2011.

También está imputado, junto a casi un centenar de personalidades políticas y sindicales, en el marco de otro escándalo por uso de tarjetas bancarias corporativas opacas al fisco y utilizadas para gastos personales.

Según la prensa española, estos gastos iban desde safaris en África a joyas, ropa de lujo o pagos en restaurante.

Otros retiraron centenares de miles de euros en metálico, compraron joyas, ropa de lujo o pagaron restaurantes o taxis con fondos cuyo origen se desconoce, añaden los periódicos.

"La ley es igual para todos"

Este asunto provocó su expulsión del gubernamental Partido Popular, en una situación muy comprometida ante la multiplicación de escándalos de corrupción que implican a algunos de sus miembros en un año con múltiples citas electorales.

El registro "es simplemente constatación de que el sistema funciona, los jueces y los fiscales investigan y, por lo tanto, el funcionamiento del sistema de derecho y de las instituciones y garantía de que la ley es igual para todos", dijo, no obstante, este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los pasillos del Congreso de los Diputados a los periodistas.

El gobierno de Mariano Rajoy "es implacable en la lucha contra el fraude y también es imparcial en cuanto a las actuaciones que se tienen que desarrollar", añadió el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en referencia a la lucha contra una corrupción que provoca la indignación de una población aún asfixiada por la crisis, en pleno año electoral.

Por su parte, el líder del Partido Socialista, principal de la oposición, Pedro Sánchez, pidió la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"Lo de Rodrigo Rato es un verdadero escándalo. Rajoy tiene que dar explicaciones y Montoro debe dimitir", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter oficial, pidiendo también una comisión parlamentaria de investigación.