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El Movimiento al Socialismo (MAS) ha decidido torpedear no solo la Constitución que juró defender en la ciudad de El Alto, sino también la voluntad popular contenida en los referéndum del 25 de febrero de 2009 (que aprueba el texto constitucional) y el de 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección presidencial), que prohíben la reelección indefinida y que no han sido derogados ni abrogados. 

Y como en las urnas no han podido reformar la Constitución, el Tribunal Constitucional dictó la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, invocando la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, este artículo solo reconoce los derechos de: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes; b) de ser elegido, y c) la de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. En ningún caso esta disposición autoriza reelección presidencial alguna.

A propósito de la reelección indefinida y la utilización perversa del artículo 23 de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Informe 30/93 de 12 de octubre de 1993, Caso José Efraín Ríos Montt contra Guatemala, ha interpretado entre otras cosas que el derecho constitucional comparado indica diferentes condiciones de inelegibilidad que buscan evitar el nepotismo, los conflictos de intereses, etc. Es decir, la defensa de la efectividad de los derechos políticos y de la autenticidad de las elecciones ha llevado a distintas formas de reglamentación de la elegibilidad para ser presidente de un país. A tiempo de rechazar la denuncia del excandidato Ríos Montt, en el sentido de que se había violado el artículo 23 de la Convención, la Comisión reconoce que estas limitaciones las “posee todo sistema jurídico constitucional para hacer efectivo su funcionamiento, y para defender la integridad de los derechos de sus ciudadanos”.

El Tribunal Constitucional, entonces, no podía (ni puede) interpretar el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menos inventarse que autoriza la reelección indefinida, porque nunca estuvo esta idea en la mente de los que suscribieron ese Pacto en San José de Costa Rica. En este contexto, vulnerar la Constitución no puede convertirse en un derecho humano, porque atenta contra los principios más elementales de nuestra civilización, y sus autores se convierten en reos de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y traidores del sistema constitucional y el régimen democrático.  

La reelección indefinida siempre estuvo prohibida, porque erosiona la separación de funciones, los controles cruzados, la coordinación y cooperación como base y fundamento del ejercicio del poder político del Estado Plurinacional de Bolivia. Constituye además un límite, ya que le impone al Jefe de Estado la obligación de atenerse al tiempo previamente fijado por voluntad del Constituyente y de propiciar la sucesión de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución. 

Y como el Gobierno parece convencido no solo de que puede ser reelegido sino de que perpetuarse en el poder sería un derecho humano, nada más democrático y racional que consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si el Pacto permite o no la reelección indefinida, como dice el Tribunal Constitucional y el promotor de este entuerto  jurídico-constitucional. 

La Corte Interamericana es la única instancia autorizada y reconocida internacionalmente para interpretar cualquier disposición de esa
Convención. Sin embargo como venimos sosteniendo, el Tribunal Constitucional boliviano solo puede hacer el control de constitucionalidad, que consiste en la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad (contrastación) de las disposiciones  legales con las normas de la Constitución Política del Estado.  

En ningún caso el Tribunal Constitucional podía (ni puede) interpretar el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tal sentido, cabe recordar el viejo principio jurídico universal: “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la Ley” y, por tanto, la sentencia constitucional que pretende autorizar la reelección indefinida, nació muerta, corresponde darle cristiana sepultura y así salvamos además el orden constitucional y los valores democráticos.