Opinión

Paro médico y el polémico artículo 205

El Deber Hace 12/30/2017 8:00:00 AM

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A espaldas de las organizaciones sociales y profesionales, la Asamblea Legislativa aprobó el nuevo Código de Procedimiento Penal, que endurece penas y establece un polémico marco jurídico para la penalización del delito en el país. Allí están las consecuencias. Un país convulsionado por un paro médico de más de 30 días en rechazo del artículo 205 y 10 sectores sociales que rechazan otros apartados del mencionado código, mientras el Gobierno ve afanes conspirativos sin encontrar una solución de fondo al enorme frente de conflicto.

El propio presidente Evo Morales reconoció que su propuesta de convocar a un gran diálogo nacional por la salud llega tarde para intentar resolver una crisis de magnitud, solo comparable con el estallido desatado en agosto de 2011 por la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que causó grandes costos políticos para su Gobierno.

Hoy la protesta médica ha ganado fuerza y legitimidad en gran parte de la población y ha recibido apoyo internacional inobjetable frente a una norma que no hace más que penalizar una actividad tan delicada como es la que ejercen los médicos.
Está claro que la sociedad boliviana no puede amparar la negligencia médica en ningún caso y sus responsables deben ser castigados con firmeza. Sin embargo, la norma aprobada por el Legislativo parece mostrar un sesgo jurídico que plantea serios riesgos para el ejercicio profesional. 

El art. 205 (daño a la salud o integridad física por mala práctica) establece sanción penal de 2 a 4 años de prisión, reparación e inhabilitación si la acción culposa del médico hubiera causado lesiones graves o gravísimas; y de 3 a 6 años de prisión si la negligencia hubiera causado la muerte. Si la culpa fuera temeraria, la pena se elevará un tercio.

El mencionado artículo señala que habrá negligencia cuando se haya causado daño a otra persona por infracción en el cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos y reglamentos médicos.

Los médicos consideran que dicho artículo establece un régimen draconiano para una actividad donde el profesional no tiene otro objetivo que el de salvar una vida y que, en muchos casos, las complicaciones sobrevienen por circunstancias que sobrepasan el ejercicio profesional. 
Quizás faltó un debate más participativo, donde diversos expertos pudieran haber analizado con profundidad los antecedentes, la experiencia internacional y las consecuencias que puede tener una norma de este tipo.

Ojalá las partes involucradas puedan encontrar una salida a un conflicto que ha puesto en riesgo la salud de los bolivianos en su conjunto. En particular, el Gobierno debe abandonar una actitud claramente intransigente frente a una situación que ya se ha salido de los límites de toda racionalidad.