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Luego de haberse postergado por trece ocasiones, el viernes (9/nov/ 2018) se dictaminó sentencia definitiva a los ciudadados chinos Yin Lan y Li Ming culpables directos del biocidio de más de 48 jaguares (185 colmillos). La pena establecida fue de 3 y 4 años, siendo el máximo estipulado por ley, de 6 años para este tipo de delitos contra la naturaleza. La penitencia es “modesta” en comparación con el daño causado a una de las especies más emblemáticas de la cultura y biodiversidad nacional, pero el hecho es que se ha sentado un antecedente jurídico en el deficiente sistema judicial boliviano y sobre todo, un contundente antecedente social, ya que fue la presión interna y externa de activistas ambientales y ciudadanía la que torció el brazo de la mafia asiática y sus protectores internos.

Estos dos antecedentes han dado origen a un antes y después en la aplicación de la justicia boliviana hacia la cacería y el tráfico de especies protegidas por ley, pero lo más importante es el control social de la población, definitivamente ya existe un gran contigente humano que está observando, denunciando y sobre todo participando directamente en los procesos y atentados que se realizan hacia la naturaleza, esta matriz social en un futuro cercano dará pie a muchos cambios estructurales y políticos en Bolivia.

Otra ganancia del caso de los jaguares es que ahora los traficantes y cazadores nacionales van a pensar mucho, antes de realizar estos ílicitos, ya que ellos no contarán con todo un sistema de protección y aletargamiento judicial, con el que contaron sus antecesores chinos. La condena de los traficantes asiáticos, es una ganancia sicológica y moral y se convierte en un golpe contundente a la mano que aprieta el gatillo. Pero ¿qué se necesita ahora, para que el jaguar siga rugiendo en las selvas de Bolivia? Urge una actualización del libro rojo de vertebrados nacionales, cambiando la categoria de proteccion del gran felino de vulnerable a en peligro, esto dará pie a estudios científicos actualizados y nuevas estrategias de conservación, también se tiene que implementar una Ley Nacional del Jaguar y repetir (a posterior) con otras especies carismáticas ( gato andino-jukumaris). A nivel judicial también se tienen que replantear las penas sobre tráfico de fauna en Bolivia y elevar la condena a más años, al hacer esto, se bloquearán la llegada de nuevas mafias externas.

No podemos dejar de lado la educación ambiental, las ONGs, fundaciones y gobernaciones que trabajan con conservación de fauna y ecosistemas, tienen que iniciar programas y campañas en los pueblos, comunidades y ciudades, en donde se explique la importancia de nuestra biodiversidad y sobre todo -ahora- dar a conocer que el tráfico y la cacería ilegal tienen cárcel, utilizando el reciente caso como una punta de lanza que incida en el cociente colectivo urbano y rural.

El jaguar en Bolivia tiene muchos nombres, los movimas le llaman “rulrul”, los guaraníes “yaguarete” y los tacanas “iba”, ha estado presente desde milenios coexistiendo con los pueblos de una manera pacífica y armónica, ahora nos toca a nosotros -los bolivianos de hoy- que el rugido del jaguar siga prevaleciendo en nuestros montes, selvas, llanos y pampas.