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La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) condena el reiterado interés presidencial de crear una ley contra la mentira, a pesar de las advertencias sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos bolivianos, protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales de los que Bolivia es signataria.

Recuerda nuevamente que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la (CIDH) es explícita cuando señala: “Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Por segunda vez en menos de un mes, la organización que representa a los diarios, revistas, semanarios y una agencia de noticias, exige que se cumpla la Constitución, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales sobre derechos humanos para evitar un periodo de oscurantismo donde se conculquen ideas, pensamientos, diversidad de opiniones y hasta la difusión de hipótesis, con un freno al desarrollo humano, tal como sucedió en la inquisición.