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El Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó a las autoridades del Gobierno, un análisis del decreto supremo 1802 que establece el pago del segundo aguinaldo cuando el crecimiento de la economía sea mayor a 4,5% en un año, para considerar su ajuste o por el contrario, su anulación, por sus supuestos efectos negativos en la estabilidad de las empresas.

“Pedimos al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera que, como máximas autoridades del Estado, asuman la responsabilidad de hacer un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida. y que consideren su ajuste o incluso su anulación en atención a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables”, manifiesta el comunicado leído por el presidente de la CEPB, Ronald Nostas y que consensuado por este Consejo empresarial, que se reunió ayer en La Paz.

Por otro lado, señala que ante los anuncios del presidente Morales y del ministro de Economía, Mario Guillén, respecto a una eventual invitación a dialogar sobre las medidas que pueden mitigar de algún modo los efectos de esta medida, “queremos señalar que atendiendo al mandato del Congreso Empresarial realizado en Santa Cruz el pasado 30 de mayo de 2018, que definió que, pese a las condiciones adversas, se mantengan abiertos los canales de diálogo con el gobierno".

“Hemos decidido asistir a al diálogo con el Gobierno central, para escuchar las propuestas de las autoridades y exponer nuestra firme posición. Este diálogo debe generar resultados concretos”, señala el comunicado.