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En plena cordillera peruana, donde el agua brota limpia y los cerros son ricos en minerales, la campesina Máxima Acuña defiende la propiedad de un terreno que Yanacocha, la mayor aurífera de Sudamérica, reclama como suyo.

"Aquí hablan los documentos. ¡Que muestren los documentos!. Si ellos son los dueños, que presenten el documento de compra, el documento con mi firma que diga que yo les vendí el terreno", dijo Máxima en una conversación telefónica con la AFP.

Máxima Acuña de Chaupe, de 48 años, asegura que es dueña de un área de 25 hectáreas ubicada en la localidad de Sorochuco, provincia de Celendín, Cajamarca (sierra norte). En ella tiene una pequeña casa en la que vive con su esposo, cuatro hijos, un yerno y una nuera. Allí realizan labores agrícolas y artesanales.

En ese sector, en 2011, Yanacocha, operada por la estadounidense Newmont y la local Buenaventura, debió suspender un proyecto de exploración minera que implicaba la remoción de unas lagunas para la extracción de oro, en medio de protestas de la población que pedían su retiro de Cajamarca.

"Mi terreno colinda con Yanacocha. Tiene manantiales de aguas (...) de esa agua tomamos y llega a las comunidades. Si lo vendo, ¿qué agua voy a tomar? ¿De qué vamos a vivir?", agrega Máxima, cuyo caso ha sido difundido mundialmente por ONG vinculadas a la defensa del medio ambiente.

"Yo no invadí"

Máxima dice que compró toda esa área en 1994 pero Yanacocha asegura que adquirió los terrenos a la comunidad campesina de Sorochuco, en 1996 y 1997. El pleito por el territorio se inició en 2011.

Recientemente, en medio de un conflicto judicial con la minera, Máxima fue absuelta del delito de usurpación del que fue acusada, lo que fue interpretado por su defensa como que el tribunal les daba la razón y les otorgaba la propiedad.

Pero, para Yanacocha el juicio aún no ha terminado y reclama la propiedad en base a documentos que dice tener acreditando sus derechos.

Por ello, la semana pasada, cuando Máxima decidió hacer una ampliación de su vivienda, Yanacocha informó que ejerció su derecho de posesión y tiró abajo la construcción, en medio de un tenso incidente en el que también participaron policías en apoyo a la minera, según la campesina.

"Yo no invadí. Construí dentro de mis 25 hectáreas. Ellos ven que soy pobre, que no sé leer y creen que no puedo reclamar mis derechos. Tengo mis documentos. No tengo por qué humillarme y tener miedo", aseguró.

Tras el hecho ahora es Máxima quien, junto con su abogada, Mirtha Vásquez, de la ONG Grufides, denunciaron a Yanacocha por usurpación.

Flancos de conflicto

La situación de Máxima ha puesto sobre el tapete los conflictos sociales entre comunidades nativas y empresas extractoras de recursos naturales en Perú, principalmente por temas ambientales.

El miércoles, un poblador murió durante una protesta en rechazo a la presencia de la empresa Pluspetrol, de capitales argentinos, en la localidad de Pichanaki, región Junin, en la selva central del Perú. El jueves el gobierno pidió a la firma que abandone esa zona.

Según la Defensoría del Pueblo, en enero se detectaron 210 conflictos sociales. De éstos, 140 son socio-ambientales.

Máxima admite que este litigio le ha traído dificultades y hostilidades por parte de la minera que, según denuncia, controla las vías de acceso a su predio, restringiendo la llegada de alimentos. Pero no es algo que la amilane: "Por defender mi tierra mi familia ha sufrido problemas, pero sólo quiero dejar a mis hijos un lugar donde puedan vivir".