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Evo Morales lo promulgó siete años atrás. El Decreto Supremo N.º 181, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del 28 de junio de 2009, da a las autoridades a cargo de contrataciones públicas de los tres niveles de Gobierno la posibilidad para excusarse de ver las adjudicaciones donde los proponentes tengan vínculos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad.

Así lo señala el artículo 41 de la normativa, que en su parágrafo II establece un procedimiento de excusa para el funcionario, prerrogativa que —aislada del resto de las regulaciones administrativas y penales— figura como un resquicio que puede alentar a la participación en adjudicaciones de personas (o sus empresas) con parentesco con las autoridades a cargo de la contratación, según el criterio de algunos expertos en el tema que consultó el diario EL?DEBER.

Hubo varios análisis sobre la norma a raíz de un caso de supuesto tráfico de influencias en la Alcaldía cruceña, donde un congresista pidió investigar una licitación de la Secretaría de Parques y Jardines en favor de ITC Servicios, firma representada por un cuñado de Angélica Sosa, extitular de ese despacho. Un caso que puede sentar jurisprudencia.

Frente a la investigación de este caso en la Fiscalía, por separado, Sosa y su cuñado, Mario Bruun, han rechazado los señalamientos y explicaron que la hoy titular del Concejo se excusó de seguir como responsable de la contratación el mismo día en que conoció la propuesta de ITC Servicios —presentó una carta con fecha como prueba—, dada la afinidad con el empresario.

Opinan abogados
“Si solo nos remitimos al artículo 41 del DS 181 y si los funcionarios públicos han adecuado su conducta a los procedimientos señalados ahí, es posible la defensa de un caso de estas características”, consideró la abogada Daniela Vásquez, consultada en general y sin entrar al análisis particular del caso ITC.

Para esta experta en contrataciones públicas, este artículo contiene un tecnicismo “que pincha o contradice la Constitución y normas como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, pues puede dar lugar a interpretaciones que, en su criterio, están alentando a que familiares de autoridades se animen a participar en adjudicaciones, sin ver otras normas que lo vetan.

No obstante, ella y su colega abogado, el asambleísta José Luis Santistevan, señalaron que en el DS 181, un poco más abajo, el artículo 43 habla del impedimento de participar en procesos de contratación pública a las personas que tengan vínculos de parentesco con la autoridad de la entidad contratante, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El abogado Gustavo Pedraza asocia esta aparente contradicción a la “falta de transparencia y normas claras en la contratación pública”, que da lugar a interpretaciones convenientes y cree que si los actos administrativos de una adjudicación tuviesen mayor publicidad, la ciudadanía podría fiscalizar mejor.

Vásquez alerta que las empresas pueden escudarse en el derecho al trabajo, aunque la CPE y otras normas cierren el paso a estas contrataciones, “eso sin contar lo ético, que debiera ser algo básico para acabar con todas las caras de la corrupción