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La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), institución compuesta por 21 Defensores del Pueblo de países de América más la península ibérica, expresó su alarma ante el “desbordado hacinamiento” en que se encuentran los centros penitenciarios en varios países latinoamericanos.

Esa situación, sostiene la alerta, impide “la efectiva consecución de la resocialización o reinserción social, y pudiera poner en riesgo la vida e integridad de los reclusos”. La crisis en la justicia complica la agilización de procesos. 

El Consejo Rector de esta entidad, cuyo vicepresidente es el Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, pide a los gobiernos nacionales de los Estados miembros a examinar su política penitenciaria, reconocer que el imponer penas duras y drásticas, no necesariamente disminuirá los niveles de delincuencia.

“Debe quedar en claro que los reclusos, en tanto seres humanos dotados de dignidad, tienen derecho a no ser sometidos a modalidades de reclusión que, constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el comunicado.

El comunicado señala, asimismo, que con el objetivo de visibilizar la problemática carcelaria, “la FIO exhorta a los gobiernos a suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes; instrumento internacional que prevé mecanismos de verificación internacional a las condiciones de reclusión”.