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Las redes sociales arrojaron imágenes del abordaje de dos policías a un ciudadano y su vehículo, indicándole ríspidamente que la matrícula de circulación no era reconocida por el Registro Único de Automotores – RUAT, exigiendo que lo “acompañaran hasta dependencias policiales” para que acreditare documentación de propiedad del motorizado. A su vez, el intervenido argumentó que su coche lo obtuvo mediante crédito bancario y los papeles los tenía en su oficina distante a tres cuadras, pidiendo ir al lugar para exhibírselos. En determinado momento uno de los policías sin siquiera requisar el auto manifestó que el carro contenía cocaína.

Al respecto, cabe señalar que el policía al aseverar la existencia de cocaína, ante la flagrancia delictiva, estaba obligado por ley a dar la voz de aprehensión del conductor del vehículo, esposarlo y resguardar los elementos indiciarios del hecho criminal, denunciando inmediatamente a los policías de las Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para que los mismos se hicieran cargo del ciudadano y su coche. Como nada de ello fue así y para empeorar el irregular operativo policial, el vehículo sí se encontraba registrado en el RUAT, lo que denota la falsedad de las acusaciones policiales y la subsunción de sus conductas en los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, privación de libertad y coacción (arts. 154, 178, 292 y 294, del Código Penal).

Por imperio del art. 114.I de la Constitución Política del Estado, está prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas, sin perjuicio de las sanciones determinadas por ley. Por ello y considerando el art. 116.I, de la Constitución que ordena la presunción de inocencia, en el caso de análisis en tanto y en cuanto no hubo flagrancia en la comisión de cualquier delito, correspondía que los policías tomaran los datos de la licencia, la cédula de identidad y la matrícula del carro, para comunicar a Diprove y éste, encontrando indicios probatorios de la comisión de algún delito respecto al motorizado, iniciar las investigaciones penales correspondientes y citar al ciudadano para que ejerza su derecho a la defensa. 

Son muchos los casos sufridos por ciudadanos que incurren en contravenciones de tránsito contra las que solo correspondería boletas de infracción, toda vez que no cometieron delitos, como en los casos de conducir sin licencia, pasar semáforo en rojo y otros tantos que no constituyen delitos . Sin embargo, malos funcionarios públicos se aprovechan para pedir a los conductores que “los acompañen hasta dependencias policiales” donde son coaccionados al pago de sumas de dinero a título de pago de “multas”. Por ello y en tanto un conductor no dirija bajo efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otras prohibidas por ley, o, no atropelle a un transeúnte, no puede ser obligado a que “los acompañen hasta dependencias policiales”, debiendo en su caso hacer valer sus derechos y exigir que se les extiendan la correspondiente boleta de infracción por incurrir en contravención de tránsito y no en delito.