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El 57% del total de la población del departamento vive en Santa Cruz de la Sierra, el resto urbano significa el 24% y la población rural es el 19%; este es un departamento eminentemente urbano que sigue creciendo a un ritmo mayor al promedio nacional (un promedio del 4% en los últimos 10 años), concentrándose sobre todo en la ciudad capital y, en particular, en los distritos fuera de cuarto anillo.

Hay significativas diferencias en las condiciones de vida de la población a nivel de anillos y por ende de distritos, unidades vecinales y barrios; a medida que están más alejados del centro de la ciudad, presentan mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI) y mayores niveles de desigualdad e inequidad. En los distritos que están dentro del cuarto anillo, las NBI afectan en promedio al 5% de hogares; en cambio, en los distritos periféricos, los hogares con NBI oscilan entre el 12 y el 35%. 

Este fenómeno de ‘urbanización de la pobreza’ afecta de manera particular a generaciones jóvenes, pues se acentúan los problemas de precariedad del empleo, hacinamiento, bajos niveles de ingreso, bajas coberturas escolares en secundaria, contaminación ambiental y otros.
En este contexto, la inseguridad ciudadana, expresada en términos del índice de victimización que afecta a cerca de tres de diez ciudadanos en Santa Cruz de la Sierra, incide a nivel distrital de manera diferenciada respecto a los niveles de pobreza. Ocupan los primeros niveles de victimización con el 30 al 42% de incidencia, tres de los cinco distritos dentro del cuarto anillo; en el otro extremo, con el 32 al 36% de victimización otros tres de los diez distritos periféricos más pobres. Así se constata que no necesariamente se produce una relación proporcionalmente directa entre pobreza e inseguridad ciudadana.

Lo propio sucede con el índice de percepción de inseguridad o sensación de temor, la misma que alcanza mayores niveles tanto en los distritos con mayores niveles socioeconómicos como en los distritos con mayores porcentajes de hogares en situación de pobreza. Se verifica otra vez que el fenómeno de la inseguridad, más que estar asociado a las restricciones económicas, es el resultado de los niveles de inequidad fruto de la desigualdad en los niveles de ingreso y en el acceso a la provisión de los servicios básicos de alcantarillado, salud y educación, entre otros. 
Esas evidencias fueron recogidas en el primer estudio municipal sobre seguridad ciudadana, realizado por el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, que explican que los gobiernos locales se vienen convirtiendo en los actores fundamentales al momento de velar por la seguridad de los ciudadanos, ya que representan el ente estatal más cercano a la comunidad y el que mejor entiende sus necesidades, asumiendo no solo el reto de incrementar la infraestructura social, sino sobre todo el desarrollo de estrategias de prevención y educación que se traduzcan en mayor cohesión social y cultural.

Es clave el fortalecimiento de la gestión desconcentrada a través de las subalcaldías distritales de manera que den cuenta del conjunto de particularidades socioeconómicas y culturales de cada distrito, articulando y potenciando el conjunto de actores y recursos institucionales orientados a la generación de una cultura de seguridad ciudadana que, con el impulso de las generaciones  jóvenes, irradie a los espacios de socialización fundamentales, como la escuela, la familia y la comunidad.