La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) identificó que organizaciones campesinas entregan avales o certificaciones a presuntos contrabandistas para dar fe que su cargamento es producto nacional, con el fin de que no sea incautado por el Control Operativo Aduanero (COA). La modalidad fue empleada, por ejemplo, para el contrabando de arroz proveniente de Argentina.

"Hemos empezando a tropezar con un problema, tenemos las pruebas evidentes de que hay notas que han ido generándose del mismo sector productivo, es decir de la Confederación de Campesinos. En el caso de Chaco eso es lo que hemos notado y eso nos ha bajado este proceso de incautación", informó la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya.

Con la finalidad de evitar que estas prácticas continúen, la Aduana determinó no aceptar más certificaciones de ninguna índole y sólo aceptar este tipo de documentos de parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

"No vamos a aceptar de hoy en adelante ninguna certificación de ningún productor que diga que es nacional", enfatizó Ardaya.

A esto se suma la determinación de movilizar personal del COA a la frontera, junto con funcionarios de la Aduana, para reforzar el control tanto en el sur como en el occidente del país. El incremento responde, también, a la cercanía de la navidad, donde se incrementa la internación de productos al país.

La presidenta de la Aduana brindó estas declaraciones días después de que el sector arrocero se declarara en crisis por el contrabando de este producto desde Argentina y Brasil y anunciara que no podrá pagar el doble aguinaldo. Por la misma situación atraviesan los micro y pequeños empresarios manufactureros, afectados por el ingreso de prendas usadas.

Otros efectos negativos

Existen gremiales, dijo Ardaya, que internan al país productos y alimentos, entre ellos el arroz, por un valor mínimo de 2.000 dólares, lo cual es legal porque el Decreto Supremo 1487 lo permite como figura de "mínima cuantía". Producto de esta situación, el despacho de mínimas cuantías se incrementó en diferentes puntos de control aduanero en el país y, al mismo tiempo, es un efecto negativo para los productores, porque se ve afectada la producción nacional.

"El gremialista va hacer su despacho de menor cuantía con los 2.000 dólares e ingresa al país absolutamente legal, entonces son variables que evidentemente afectan a los productores, pero que no es contrabando", mencionó Ardaya.

Por ejemplo, en el puesto fronterizo de Guayaramerín, en Beni, los despachos de mínima cuantía se incrementaron en un 356% entre enero y septiembre, de 2,4 millones de bolivianos en 2014 a 10,9 millones de bolivianos en 2015 en ese lapso de tiempo; en Bermejo de 3,7 millones de bolivianos a 5,2 millones de bolivianos, en Villazón de 8,3 millones de bolivianos a 12,7 millones de bolivianos.

Bajo estos argumentos de los avales y las mínimas cuantías, Ardaya justificó que la Aduana no esté realizando un trabajo "ineficiente" en el control de fronteras.