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En el ámbito de la política interna, la unidad que hubo alrededor de la demanda marítima boliviana parece haberse roto en pedazos tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que determinó que Chile no tiene la obligación de negociar una salida soberana. Ahora dos fuerzas opositoras exigen explicaciones, mientras que el MAS responde que no tienen moral y apela a insultos.

El senador de Unidad Nacional Arturo Murillo atacó al presidente por su ‘berrinche’ frente al fallo adverso. “(Son incoherentes) las declaraciones beligerantes: primero las del canciller y luego las de Evo Morales, que salió con una serie de barbaridades, eso de enviar cartas a Naciones Unidas cuestionando a los jueces que antes decía que eran los mejores y que había que respetar”, reprochó. Asimismo, alertó que esa actitud solo puede perjudicar al país en el proceso que queda en la corte, la demanda de Chile por las aguas del Silala.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi también lanzó piedras contra el Gobierno tras la derrota ante Chile y pidió un juicio de responsabilidades contra Evo Morales. Ayer, el diputado de Unidad Nacional Amilcar Barral informó que solicitó por escrito la interpelación de los ministros de Justicia, Héctor Arce; de la Presidencia, Alfredo Rada; de Relaciones Exteriores, Diego Pary; y de Comunicación, Gisela López, además del procurador general del Estado, Pablo Menacho.

“Queremos saber cuánto dinero se gastó, desde 2013 hasta la fecha, en esta demanda en la que se ilusionó a los bolivianos y que perdimos”, señaló, para recordar que la administración de Sebastián Piñera desembolsó más de $us 24 millones para la defensa chilena.

El Gobierno respaldó sus decisiones en el Decreto Supremo 1747, del 2 de octubre de 2013. En el artículo 8 se autoriza la contratación directa de bienes y servicios de consultoría multidisciplinaria e individual, traductores y profesionales nacionales y/o extranjeros en diversas áreas para el asesoramiento en la tramitación y defensa técnica y legal de la demanda marítima dentro y fuera del país. Barral advirtió que ningún decreto presidencial está por encima de la Constitución, que faculta a los parlamentarios a fiscalizar las decisiones del Órgano Ejecutivo.

A su turno, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, respondió que Cusi no tiene moral para tocar temas de este tipo porque fue procesado y sentenciado en un juicio de responsabilidades. También aludió a Barral: “¿Con qué moral él y Rafael Quispe pueden pedir explicaciones, si fueron suspendidos por la Comisión de Ética porque realizaron cobros ilegales a sus funcionarios?”.

Los Demócratas sumaron sus críticas. La diputada Eliane Capobianco informó que su bancada presentó otra solicitud de interpelación a cinco ministros y una solicitud para que el presidente Morales rinda un informe ante la Asamblea sobre el fallo en La Haya.

El diputado del MAS Édgar Montaño eligió insultar: “Yo los califico de cobardes, traidores, ‘suchas’, ‘vendepatrias’, eso son. Estos quieren sacar su tajada”, se le ocurrió decir para descalificar a sus colegas de oposición y sin abordar el fondo de la crítica.