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El desvío del cauce del Río Grande ya tiene encaminada una solución. Luego de realizadas sendas inspecciones por vía terrestre y aérea entre representantes de los ministerios de Medio Ambiente, de Defensa, Desarrollo Rural, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), la alcaldía de El Puente, campesinos de la zona y el Searpi por la Gobernación de Santa Cruz, ayer los lugareños admitieron que actuaron ilegalmente y se comprometieron a retirar los dos diques que instalaron en el río.

Tal acción permitirá la valoración del Ministerio Público y se verá si se continúa con el proceso legal instaurado por la Gobernación de Santa Cruz contra una decena de campesinos de esa localidad.
Así lo informó el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, a la conclusión de la reunión, a la que calificó de satisfactoria.

Consultado sobre los $us 20 millones que el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) calculó que se necesitan para encauzar el río, indicó que el monto es de Bs 15 millones.
Sin embargo, aclaró que se harán las gestiones ante el FPS para el financiamiento que demande la ejecución de la obra de manera inmediata. De igual manera, informó de que se declarará en emergencia al municipio de El Puente con el objetivo de conseguir el crédito.

Por su lado, Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, reiteró que en el tema de los recursos una opción es declarar en emergencia a la zona para que los trabajos que se tengan que realizar en el río y que no están contemplados en su POA se los incluya y así tener recursos.

“El espíritu del acuerdo es que se trabaje de forma inmediata en ‘aperturar’ los dos diques por parte de los campesinos, pues son riesgo inminente para una catástrofe. Las bolsas serán trasladadas a lugares donde existen boquetes o ingreso de agua. El canal ya fue cerrado por los productores de San Pedro”, agregó.

Proceso legal

La Fiscalía citó a declarar este viernes a Ángel Copa, alcalde del municipio de El Puente. El burgomaestre espera que con su testimonio se logre esclarecer lo sucedido y que se encuentre el camino para llegar a un acuerdo en el que los campesinos de El Puente y los empresarios en San Pedro se sientan seguros ante la crecida del río.

Para la Gobernación la investigación debe continuar para encontrar a los responsables de la construcción del dique que pone en riesgo a unas 100.000 hectáreas de cultivo y a 12 comunidades