Opinión

El asedio de los sicarios

El Deber 5/7/2018 04:00

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Adrián Cossío García y Lili Rivas Martínez, una pareja de prestamistas, fueron asesinados delante de su hijo y de su madre por sicarios montados en una motocicleta en un camino vecinal entre Jorochito y El Torno. 

El crimen se produce tres semanas y media después de que el piloto Pablo Suárez Alipa fuera acribillado a balazos por sicarios vestidos de negro en el tercer anillo del canal Cotoca, a plena luz del día. El hombre circulaba con una mujer y con un menor de edad, que salieron ilesos del hecho de violencia.

Ambos hechos no son casuales ni producto del azar. Estamos frente a una ciudad asediada por matones a sueldo que trabajan para las bandas del narcotráfico que campean sus actividades con absoluta impunidad.

La pareja que cayó a manos de sicarios en Jorochito no tenía antecedentes de problemas con las drogas, pero la Policía indaga un claro ajuste de cuentas por deudas de gente probablemente vinculada con grupos de narcotraficantes.

A tal grado llega el desparpajo con que actúan los sicarios que los propios delincuentes filmaron uno de esos actos delictivos para sentar precedente y amenazar a una sociedad que se siente asolada, mientras observa la impotencia de sus autoridades policiales.

El Gobierno insiste en asegurar que en Bolivia no hay cárteles de la droga y que solo actúan clanes familiares con nexos con aquellas organizaciones transnacionales del crimen. Sin embargo, los indicios muestran que los cárteles de la droga encuentran en Bolivia las condiciones ideales para sus negocios ilícitos. De hecho, informes señalan que el país está amenazado concretamente por cárteles de narcotraficantes: el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambos de Brasil; mafias colombianas; y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Encuentran en Bolivia una producción boyante de cocaína, corredores viales y aéreos ideales para trasladar la droga hacia los mercados de Brasil y Argentina, y unas instituciones débiles para combatir a las mafias de la cocaína.

La actuación de asesinos por encargo no está sancionada específicamente por las normas en el país ni se ha logrado esclarecer y castigar la mayoría de estos crímenes. 

Por eso, no debe extrañarnos que dichas organizaciones ajusten sus cuentas bajo la lógica de la violencia extrema, a la vista de todos, como ha venido ocurriendo históricamente en México, Colombia, Brasil y Centroamérica.

No vamos a combatir a los sicarios del narcotráfico con los ojos vendados. Se requieren instituciones sólidas e independientes que repriman con el mayor rigor a los delincuentes y erradiquen la impunidad que hoy es moneda corriente.