Opinión

Histeria con la sentencia constitucional #0084

Hace 12/18/2017 1:05:00 AM

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante sentencia constitucional 0084/2017 del 28 de noviembre de 2017, declaró la “aplicación preferente” del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) sobre los arts. 156, 168, 285.II y 286 de la Constitución Política del Estado y dictaminó la “inconstitucionalidad” de los arts. 52.III; 64 inc. d), 65 inc. b), 71, inc. c) y 72 inc. b), de la Ley Electoral #026, con lo que causó una histeria nacional con infundados pronunciamientos jurídicos de quienes se consideran favorecidos y perjudicados.

Prueba de tal histeria es que los que hoy se consideran favorecidos y/o perjudicados por dicho fallo, infundadamente afirman que el TCP habría anulado los arts. 156, 168, 285.II y 286 de la Constitución, que prohíben la reelección de los asambleístas, presidente y vicepresidente, concejales y alcaldes; sin embargo, y del cotejo de tal fallo comprobamos que el mismo únicamente declaró la “aplicación preferente” del art. 23 de la CADH sobre dichos artículos constitucionales y no así su inconstitucionalidad (nulidad), como sucedió con la normativa contenida en la Ley Electoral.

El art. 23 de la CADH dispone que: “Todos los ciudadanos gozan del derecho de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país”. Lo que demuestra que la reelección indefinida tampoco está contemplada en el artículo de “preferencia”  ordenado por el TCP.

El Referéndum del 21-F fue la consulta al pueblo boliviano para aprobar o desaprobar la modificación de la prohibición de la reelección del presidente y vicepresidente, contenida en el art. 168 de la CPE y la población desaprobó la misma.

Por estos antecedentes jurídicos evidenciamos que la Constitución, el 21-F y el art. 23 CADH no contemplan la reelección indefinida de dichas autoridades y en caso que el Órgano Electoral admitiera un candidato con dos mandatos consecutivos, se habrán transgredido tales normas y cualquier ciudadano, sustentado en los arts. 205 al 212 del Régimen Electoral, ante el Tribunal Supremo Electoral podrá interponer la inhabilitación de la candidatura extrañada.

Ante este cuadro, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral informó de que la Sala Plena del ente electoral está analizando los alcances del fallo del TCP y que ella, de manera personal, cree que se debe aclarar el alcance sobre los resultados del referendo del 21-F con carácter vinculante (obligación de aplicabilidad del fallo) que rechazó reformar el Art. 168 de la Constitución Política del Estado que prohíbe la reelección indefinida de la Presidencia de la República. 

Concluyentemente, la histeria nacional causada en quienes se consideran favorecidos y perjudicados por la sentencia constitucional 0084/2017 adolece de sustento jurídico toda vez que a los corrientes no existe una sola norma constitucional o en convenios de derechos humanos que faculte la reelección indefinida en Bolivia. Por lo tanto, la problemática de la reelección, nada más ha sido hábilmente trasladada al Tribunal Supremo Electoral, causando una evidente inseguridad jurídica dañina para los negocios del propio Estado y cada uno de sus pobladores.