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Con 11 votos y por unanimidad de las tres fuerzas políticas del Concejo Municipal de Santa Cruz, ayer aprobaron una declaración que cierra el paso a la formulación de acusaciones contra la comuna ante instancias externas al gobierno municipal —por ejemplo, la Fiscalía o la Contraloría— sin que antes se hubiese procesado los casos al interior de las comisiones legislativas o el plenario o sin tramitar informes escritos y orales de las autoridades que se quiera investigar.

El hecho ocurrió a expensas de una propuesta del concejal ucesista Jesús Cahuana —previa reprimenda pública a la concejala masista Melody Téllez, que llevó una denuncia a la Fiscalía, caso que no prosperó— en un momento en que las sindicaciones de supuesta corrupción acoquinan a la gestión del alcalde Percy Fernández y al Concejo, algo que la titular del legislativo, Angélica Sosa, calificó como “ataques políticos” que dañan irresponsanblemente la imagen de una “gestión modelo”.

Dos abogados municipalistas consultados han alertado que este tipo de medidas son más de corte político que jurídico.

El jurista Marcelo Silva sostiene que la Constitución y las leyes como el Código Penal permiten que los concejales acudan a la Fiscalía cuando crean conveniente, aunque coincide en la responsabilidad de hacerlo con documentación primero. Cree, por tanto, que la declaración tiene más efectos políticos.

El abogado y asambleísta departamental José Luis Santistevan considera que la medida está reñida con la Constitución y que busca anular la fiscalización, algo que Sosa niega.

La sesión
En una sesión convocada para las 8:30 (y que acabó cerca de las 11:30), predominaron expresiones de rechazo frente a los cargos de presunta corrupción por la compra de un dron, la contratación de una empresa representada por un cuñado de Sosa, la compra supuestamente irregular de unos tomógrafos, una denuncia de nepotismo y los reclamos por la contratación por Bs 1.085.000 que hizo la comuna con la revista Forbes a través de Carlos Subirana, un intermediario que ha sido frecuentemente abogado de la concejal Sosa.
Cahuana niega ser aliado de la agrupación de Percy Fernández, pero fue el encargado de proponer la exigencia del procesamiento de las acusaciones primero en el fuero interno. Eso para no decir que el concejal oficialista Rommel Porcel llamó a Cahuana “mi obudsman” (defensor del pueblo).

La presidenta del Concejo se hizo eco del planteamiento del edil. Además de apoyar la moción, Sosa planteó que se solicite un informe del exconcejal Leonardo Roca, que acusó a Porcel en televisión de nepotismo, para verificar qué gestiones y normativas hicieron él y sus excolegas de la legislatura pasada (2010-2015) en favor de la ciudad.
“Este modelo está molestando a los perdedores de las elecciones municipales”, señaló Sosa. Roca respondió pidiendo explicaciones por la contratación del millón para Forbes.

Tampoco olvidaron los concejales contestar con crítica a las insinuaciones que hizo el senador Arturo Murillo de un supuesto tráfico de influencias por la contratación que realizó la Secretaría de Parques y Jardines —por Bs 37,6 millones— en 2014 a la empresa ITC Servicios, cuyo respresentante es Mario Bruun, un cuñado de Sosa.

“¡Son unos maricones! Lo digo aunque me critiquen. Han tenido que traerlo a Arturo Murillo para denunciar”, se le ocurrió decir a Porcel. Él y Sosa anunciaron que pedirán informes sobre los contratos de medios televisivos en los que, en su opinión, la cobertura noticiosa de las denuncias no es equilibrada. Porcel apuntó a la red Unitel.

La prensa y el caso de Téllez
Así discurrieron las casi tres horas, entre críticas a los denunciantes y las justificaciones para llevar a aprobación una declaración que exija a los ediles, como Téllez o como el edil masista suplente Silvestre Zeballos, fiscalizar primero a través de solicitudes de informe y no por prensa ni por el Ministerio Público.

“Melody, se lo digo a usted, en este Concejo usted no puede saltar instancias (…). Ha pedido informe a otros órganos del Estado, saltando esta instancia de Presidencia. Pido que usted y sus asesores lean el reglamento del Concejo. No le estamos cortando su rol de fiscalizador”, reprochó Sosa a su colega, a lo que ella respondió, con moderación, que la ley la amparaba a denunciar el supuesto sobreprecio en la compra de tomógrafos. Aun así, Téllez también votó a favor de la declaración con la que reprocharon su accionar