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Los exjueces Marcelo Barrientos y Humberto Viscarra fueron aprehendidos ayer por la noche por la fiscal Rosario Venegas, acusados por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo. La decisión fue tomada luego de que el Ministerio de Transparencia hizo público un video en el que ambos, y la secretaria Micaela Alí, que también fue aprehendida, participaron en una supuesta extorsión filmada por la madre de un procesado por el delito de violación a una menor de 16 años, a quien le pidieron una coima de $us 15.000.

Las declaraciones se realizaron en la oficina de la fiscal, desde las 16:00 hasta después de las 21:00. La representante del Ministerio Público no quiso hablar con los medios de comunicación al terminar la jornada. Sin embargo, se supo que los detenidos serán sometidos hoy a una audiencia de medidas cautelares.

Por la tarde, cuando el exjuez Barrientos transitaba por el centro de La Paz fue interceptado y detenido por efectivos policiales vestidos de civil, que lo condujeron ante la fiscal Venegas. Por la mañana, el Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen había expedido una orden de aprehensión. Su abogado, Moisés Ponce de León, que reapareció en el ejercicio de la profesión luego de su reclusión en Palmasola por un caso relacionado con la fuga del ex fiscal Marcelo Soza, protestó por esa situación, y recalcó que su cliente se dirigía de forma voluntaria a comparecer ante el Ministerio Público.

Ni al ingresar, ni al abandonar la oficina de la Fiscalía, escoltado por efectivos policiales rumbo a las celdas de la Felcc el exjuez anticorrupción quiso declarar ante los medios ni lo hizo su abogado.
El que sí lo hizo, cuando llegaba a la Fiscalía, fue su excolega Humberto Viscarra. "Me vine a presentar de manera voluntaria. Hay la tecnología para poder editar cualquier video, nunca he pedido dinero a nadie, tampoco sé si es que el doctor Barrientos lo hizo. Pueden haber medios ilícitos por los que se han manipulado las pruebas, les pido que no hagan escarnio de las personas. No tengo una sola denuncia de extorsión, no meto las manos al fuego por nadie, cada uno responde por sus actos".
Cuando los efectivos de seguridad lo retiraban a las celdas judiciales, simplemente repitió “soy inocente”.

La secretaria, a la que en el video se observa cuando recoge la cartera y el celular de la denunciante, para evitar que grabe o registre la conversación, tampoco conversó con los medios, y se limitó a pedir que se dirijan a su abogada,

Consorcios
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando se refería a este caso, señaló que es un ejemplo de que la justicia “existen consorcios en todo el país, estos son poderosos, y la única manera en que se transformar la justicia en Bolivia es que estos sean desarticulados”.
La autoridad manifestó que la única forma de acabar con ellos es meter presos a sus operadores jurídicos, sean estos jueces, abogados, o fiscales.

El ministro manifestó que este es un problema muy grave, porque los consorcios “manipulan, generalmente priorizan la atención de casos que involucran grandes sumas de dinero. Los otros casos, donde no hay disputa de mucha plata, los dejan archivados, por eso hay tanto detenido preventivo y retardación de justicia”, dijo.

Manifestó además que estos consorcios buscan a través de abogados e intermediarios, a los clientes, “los extorsionan, van dilatando el proceso o administrando los tiempos, manipulan el curso del proceso, según vayan recibiendo dinero y distribuyéndose entre la banda de extorsionadores”, manifestó.

Concluyó, además, que luego, cuando las personas pagaron, le dan una medida sustitutiva, “y esa persona se escapa y luego vuelve a delinquir y la Policía se siente frustrada y desautorizada. A estos grupos la gente les tiene miedo, porque son poderosos”.

Puntualizó que operan principalmente en el eje. “Son varios consorcios que monopolizan el curso de la justicia. Además, hay encubrimiento, pero el sistema está mal diseñado, porque los fiscales debieran investigarse entre ellos, o juzgarse entre jueces. En resumen, son juez y parte, por lo tanto se protegen entre ellos”.

El Consejo de la Magistratura advirtió el jueves que el caso de los jueces José Marcelo Barrientos y Jorge Humberto Viscarra puede derivar en un proceso por consorcio entre ambos magistrados y el fiscal Félix Augusto Marín, que acusó de violación al hijo de la señora que los filmó cuando Barrientos pedía dinero para allanar una sentencia de menos años.

En el video, el juez habla de una sentencia producto de un juicio oral. La acusación fiscal dice violación y el juez ofrece modificar la sentencia. No da opción a analizar si podía ser una sentencia absolutoria, promete cambiarla para hacerla favorable al imputado. Señala además que hablaría con el fiscal Marín para allanar esa situación. Hasta el momento, el Ministerio Público no citó al mencionado funcionario.

La representante del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, aseveró que en el proceso, si se confirma la participación del fiscal Marín, se sumará la figura de consorcio entre los jueces y el fiscal