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Kattia Uriona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  solicitó ayer al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que explique cómo afectará su fallo que habilitó la repostulación de Evo Morales y otras autoridades al carácter vinculante del referéndum del 21 febrero de 2016.

Uriona señaló que el tema está aún en análisis dentro de la Sala Plena, y aunque aclaro que se pronunciaba “a título personal”, la principal autoridad del TSE dijo que será importante “solicitar una aclaración al TCP respecto al referéndum de 2016 y su carácter vinculante, en función al contexto que vivimos con la emisión de su fallo”, expresó.

Su pedido desató polémica de inmediato. El ministro de Defensa, Reimy Ferreira, respondió que la declaración de Uriona “debe ser” una interpretación jurídica que va dirigida al TCP, “y esta instancia determinó que sobre cualquier norma interna en materia de derechos humanos están los tratados internacionales, me imagino que la instancia judicial responderá”.  

El abogado constitucionalista  Williams Bascopé afirmó que es necesario revisar los artículos 15 y 190 de la Ley de Régimen Electoral, que se refieren al referéndum y el carácter vinculante que tiene la norma. Añadió que por esa causa el fallo es una aberración jurídica ya que no toma en cuenta estos preceptos legales.

Ferreira admitió que así es “pero siempre y cuando no vulneren convenios internacionales. Si un referéndum dice que las mujeres no tienen derecho a votar, por más que sea aceptado mayoritariamente, esa fuerza vinculante cede ante la obligatoriedad constitucional de darle preferencia a los tratados en materia de derecho humanitario”. 

Samuel Doria Medina, jefe de unidad Nacional, calificó como “desconcertante” el pedido que hizo Uriona y recordó que el referendo se realizó el 21 de febrero de 2016, los resultados se conocieron a los cuatro días, y el No ganó de manera contundente, con mayoría absoluta. De acuerdo a la Ley del Régimen Electoral en su artículo 15, el referendo tiene carácter vinculante.


Los cambios
El ministro Ferreira sostuvo que el fallo “no anuló ningún referéndum. Esa consulta resolvió no cambiar el artículo 168 (que establecía el derecho a reelección por una vez), punto”. 

El diputado David Ramos (MAS), que fue el que encabezó la comitiva oficialista a Sucre, admitió que ellos demandaron la inaplicabilidad del artículo 168, pero que lo hicieron desde otro punto de vista. “Nosotros planteamos desde los derechos del individuo, no mencionamos el referéndum que se realizó y tuvo un resultado”, dijo como explicación el legislador oficialista.

Su correligionario Efraín Chambi afirmó que ellos no mencionaron el 168 de la Carta Magna y admitió que el TSE como entidad del Estado está en su derecho de pedir las explicaciones y que el TCP tendrá que emitir una respuesta legal.

Para el senador Arturo Murillo (UD), la declaración de la presidenta del TSE no pasa de ser una opinión porque no tendrá efecto legal y menos político, porque el MAS y el Gobierno se lanzaron a desconocer la norma fundamental y, por tanto, el TCP, que responde al Gobierno, emitirá una respuesta que será asumida por un TSE que también responde al oficialismo.

Pero Jorge Lazarte, exvocal  de la extinta Corte Nacional Electoral, dijo que es correcto que el ente electoral pida una aclaración sobre ese fallo porque es el cuarto Poder del Estado. “Lo que no está claro es  por qué la presidenta hace una declaración a título personal. Ella es la portavoz de un cuerpo colegiado que son los vocales y por tanto no debían ser declaraciones personales; eso denota que en la sala plena hay conflictos y ella quiere salvar su responsabilidad haciendo esa declaración”, dijo.

El abogado Bascopé también coincidió con Lazarte y dijo que la presidenta del TSE lleva la voz de los vocales y dijo que después de escuchar esta demanda queda claro que hay pasos legales que deben seguirse.

La primera es activar la Carta Democrática de la OEA porque es un Estado miembro el que rompió el orden constitucional; luego se debe acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), porque es la instancia que debe interpretar su propia ley; la tercera vía es demandar a los magistrados porque incumplieron sus deberes, aunque este último punto cree que es de difícil aplicación por la mayoría que tiene el MAS y que están de salida los magistrados.

La molestia
La presidenta aprovechó para lamentar el fallo que emitió el TCP justo cuando se lleva adelante un proceso electoral que en sí encierra sus dificultades. “Hubiera sido deseable que el Tribunal Constitucional Plurinacional anuncie su sentencia, no en el marco de un proceso electoral, dado que ha generado una situación de tensión respecto a lo que fue el desempeño del Órgano Electoral”, dijo la vocal presidenta.

El fallo de los magistrados del TCP se produjo cinco días antes de las elecciones judiciales y ocasionó una convulsión social que puso en vilo a Santa Cruz de la Sierra.