La Defensoría del Pueblo anticipó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo (DS) 2366, emitido en mayo pasado por el Órgano Ejecutivo y que pretende autorizar la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas.

"Hemos determinado interponer las acciones correspondientes ante la jurisdicción constitucional, la misma que deberá realizar un exhaustivo análisis desde el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y su protección dentro del Estado Plurinacional", señala un comunicado de esa instancia. 

Explica además que esa instancia tiene como su atribución “la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, como respuesta al Procurador General del Estado, Héctor Arce, que cuestionó la competencia de la Defensoría.

Son 22 las áreas protegidas que existen en el país, mientras que los guaraníes también rechazan la norma y denuncian que son víctimas de abusos por parte de las empresas que ya explotan reservas de gas en sus tierras.

"Existen serias contravenciones a la normativa jurídica nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, que afectarían en un futuro inmediato el ejercicio de sus derechos, especialmente de aquellos cuyos territorios se encuentran en zonas de interés de explotación", concluye el pronunciamiento.