"Felicidades. Por su última recarga su línea ha sido premiada con 30.000 dólares y un auto Toyota Prado 0 Km. Comuníquese con el número de celular…", dice un mensaje de texto cuyo fin es estafar a la gente. Pero dónde se origina ese mensaje, según el gerente general del Entel, Oscar Coca, es en una radio base instalada en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. 

Usuarios de diferentes compañías telefónicas dan fe de que al menos una vez han recibido este tipo de mensajes que ofrecen premios y que, para ser recogidos, los delincuentes piden algunos requisitos económicos y dejan un número telefónico de contacto a donde se debe llamar para coordinar la entrega del falso premio.

En el mejor de los casos, el delincuente pide, antes de la entrega del premio, la recarga de crédito a un determinado celular. En el peor de los casos, se pide depositar dinero a una cuenta de banco. El objetivo, en ambos casos, es que la víctima realice una transacción de dinero creyendo que cumpliendo ese requisito recogerá el premio que dice el mensaje.

"Esas llamadas salen de una radio base de Palmasola", dijo el gerente de Entel este martes. Precisó que en este año, la empresa nacionalizada recibió 20 denuncias de este tipo, en los cuales "lamentablemente" no puede asumir acciones porque no es de su competencia.

El viceministro de Régimen Interior, Carlos Aparicio, corroboró la versión de Coca y reveló que desde hace un tiempo se retiró de la cárcel de Palmasola los dispositivos inhibidores de llamadas debido a que éstos, también, impedían las comunicaciones en un radio de dos cuadras alrededor del penal, por lo que era un perjuicio para la población.

Dijo que, al ser reos los comprometidos en estos casos, no se pueden asumir mayores acciones, porque ya se encuentran encerrados o, en menor caso, sentenciados y con una pena de privación de libertad.

También dijo que los reos son "habilidosos" a la hora de los controles, porque cuando la Policía hace alguna requisa sólo encuentra piezas de celulares y no los aparatos como tal. "Vamos a implementar nuevos inhibidores que tienen un costo estimado de un millón de dólares para cárceles del eje central, tanto La Paz, Cochabamba como Santa Cruz", concluyó Aparicio.