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 ¿Qué lo motivó a hacer esta investigación acerca del contrabando de medicamentos?
El motivo fue establecer mediante técnicas de información indirectas (pues no existen estadísticas al respecto) cuál es el impacto económico y social de la venta informal de medicamentos en las ciudades de Bolivia. Se ha tomado la consideración de que este tipo de comercio ilegal no solo es un tema de carácter económico, más bien es un tema vinculado con la salud pública, pues las noticias sobre incidentes de contrabando y falsificación datan desde hace 20 años y también hay información reciente de estos hechos.

 ¿Qué es lo que se busca con este trabajo de investigación?
Se busca establecer esta problemática compleja involucrando temas de salud pública combinados con aspectos de economía de difícil registro, como el contrabando y la falsificación de medicinas. Además, trata de generar conciencia tanto en el sector público como el privado, de que este consumo si no es adecuadamente controlado, puede ser tan grande y nefasto como en Perú y en Colombia. 

Con el estudio confirmamos que un medicamento no es como cualquier otro producto, pues debe obtener autorización de comercialización otorgada por una autoridad competente. Las medicinas falsas no cumplen este requisito y, en consecuencia, son peligrosas para la salud. En el mejor de los casos, un producto falsificado no tiene ningún efecto terapéutico; en el peor, puede causar la muerte del paciente.

¿Cuánto tiempo le demandó preparar el trabajo?
La investigación duró ocho meses. El trabajo tuvo fases de procesamiento de información estadística, mapeo de zonas específicas de comercio informal, diseño y aplicación de una encuesta a consumidores, entrevistas a actores que están involucrados en la industria farmacéutica y realización de grupos focales en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.

¿Hay presupuesto comprometido para encarar esta cruzada anticontrabando?
Por el momento hay la voluntad de los actores, pero no existe todavía ningún financiamiento para esta tarea. Confiamos en que el Gobierno, junto con los empresarios, financie estos emprendimientos porque está en riesgo la salud pública.

 ¿Cuenta con el apoyo de alguna entidad estatal o privada para controlar el contrabando de medicinas?
Tenemos el apoyo de la Aduana Nacional, que durante 2017 se ha incautado de más de 30 toneladas de medicamentos de contrabando y de falsificación. Otra entidad estatal vinculada para el control es la Agemed. 

 ¿Los laboratorios nacionales se acoplarán a esta lucha?
Hay un compromiso por parte de la industria nacional y de los importadores de lograr una gran cruzada contra el contrabando y la falsificación; sin embargo, es necesaria la presencia estatal, como el Ministerio de Salud, la Agemed e inclusive del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

 ¿Los gobiernos locales van a ser partícipes de esta lucha?
Por supuesto, en esta tarea estamos involucrados todos. A pesar de que el estudio se ha enfocado en las cuatro ciudades más importantes de Bolivia, creemos que la informalidad se expande a las ciudades intermedias.

 ¿Los médicos y los farmacéuticos han hecho algún tipo de denuncia para frenar este tipo de actividad?
Los médicos reconocen que hay fármacos de contrabando, pero argumentan que en los hospitales los sistemas de vigilancia están preparados para detectar si son falsos o si están vencidos. Los galenos recomiendan al consumidor comprar el remedio en farmacias; el paciente tiene la obligación de respetar la receta médica, el consumidor debe pedir al regente farmacéutico que le muestre los sellos de seguridad y el envase debe ser revisado para asegurarse de que los mecanismos de protección estén intactos.

 ¿Cuántos empleos en el país se pierden con el contrabando de medicinas?
El contrabando de fármacos representa entre el 18 y el 21% del total de las ventas de la industria farmacéutica en Bolivia. Esta magnitud, en términos del PIB, representa el 0,2%. Los efectos que conlleva esta permisividad implican, en términos macroeconómicos, una pérdida de crecimiento del PIB en aproximadamente 0,2%; una destrucción cercana a 1.100 fuentes de trabajo cada año y la evasión impositiva de alrededor de 15 millones de dólares.

 ¿Cómo se logrará sensibilizar para la no adquisición de estos medicamentos?
Debe haber campañas de educación e información dirigidas al público. Se tiene que solicitar al consumidor para que informe a la autoridad reguladora de medicamentos, o a la Policía, sobre todo producto sospechoso o de fabricantes y distribuidores de medicamentos ilegales.