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Siete instituciones firmaron hoy un acuerdo interinstitucional de lucha contra el avasallamiento y tráfico de tierras urbanas y rurales en el departamento de Santa Cruz. El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anticipó coordinación para contrarrestar el delito.

“Ante la comisión de un delito el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, realizar la persecución penal y dar con los autores de los hechos delictivos. Es parte de un trabajo interinstitucional la constitución de una mesa de trabajo de coordinación”, explicó la autoridad.

El documento indica que cada institución tendrá que ver de acuerdo a las atribuciones y competencias que tiene cuál es el trabajo que debe desarrollar, cómo se coordina y se intercambia esa información para luchar contra este avasallamiento y tráfico de tierras.

Junto al Ministerio Público, firmaron el acuerdo el Tribunal Departamental de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, los ministerios de Gobierno; Justicia, Transparencia y el de Desarrollo Rural y Tierras.

Entre los objetivos generales, se trabajará en agilizar la resolución de conflictos en predios agrarios o urbanos en el marco del respeto al debido proceso y la transparencia, a través de la consolidación de una mesa de análisis e interpretación jurídica destinada a generar acciones conducentes.

Se realizarán reuniones periódicas, quincenales o mensuales, de coordinación y análisis que conduzcan a la resolución ágil y oportuna de conflictos o procesos referidos al avasallamiento y tráfico de tierras, sea esta en el ámbito agrario o urbano.

Cada gestión se denuncia la toma ilegal de predios, lo que perjudica al sector agropecuario que se ve afectado en su producción. El Gobierno anunció la pasada gestión una Ley específica para sancionar el delito.